Tenemos un serio problema de comunicación con la clase política

Cuando el Congreso de los Diputados de un país con seis millones de parados saca a concurso la adjudicación de su servicio de cafetería incluyendo una subvención para los gin-tonics que se toman sus señorías, podríamos pensar que ya está todo perdido. Hay que vivir en la inopia o llevar muchos años subidos a un coche oficial —los efectos son idénticos— para considerar que la polémica se despacha retirando la propuesta de subvencionar las bebidas de alta graduación y manteniendo la rebaja para los menús, las cervezas y el tinto de verano. Si además sale el presidente del Congreso, Jesús Posada, y dice que el asunto “se ha sacado de quicio”, definitivamente están a años luz de la realidad.
Hay que llevar mucho tiempo sin pisar la calle para reunirse en la Mesa del Parlamento de Andalucía y aprobar una subida de sueldo para su presidente y algunos de los portavoces adjuntos. Si se hace a hurtadillas, las primeras explicaciones son excusas y, además, se tarda varios días en anunciar que se devuelve el dinero, parecería difícil de empeorar. Se equivocan, es posible hacerlo peor. Al día siguiente se anuncia una Ley de Transparencia que excluye al Parlamento andaluz, o sea a la institución que aprueba la ley y cuyos miembros de la Mesa se adjudicaron una subida en las dietas que no hicieron pública.
Vamos a tener que empezar con las cosas de cajón, ya que parece que los ciudadanos tenemos un serio problema de comunicación con la clase política. Y voy a comenzar citando a Antonio Muñoz Molina y una frase de su ensayo Todo lo que era sólido. No es lícito que un cargo político vaya a la oficina en un coche oficial de lujo cuando a un jubilado se le escatiman medicinas necesarias o a un policía o a un médico de la seguridad social se le reduce el sueldo un 20%. Es así de fácil y así de sencillo: inasumible.
Es imposible entender que un diputado que tiene la propiedad de varias viviendas en Madrid disfrute de una asignación de 1.800 euros al mes por los gastos que le ocasiona vivir en Madrid. Y que esta subvención la tenga incluso el Presidente del Gobierno, que disfruta de un palacio de titularidad pública con todos los gastos pagados por los Presupuestos del Estado. Tan difícil de tragar como el hecho de que altos cargos de la Junta tengan subvencionadas en su casa una línea ADSL, cuando disponen de un sueldo, un vehículo, un teléfono y hasta de portátil público. Todos conectados a Internet durante las 24 horas del día a cargo de los presupuestos autonómicos.
Es inaceptable que miles de alumnos estén anunciando que abandonan las universidades por el recorte de las becas, que los jóvenes busquen empleo fuera de España y que algunos de los mejores investigadores hayan sido despedidos de centros públicos; mientras las instituciones siguen acumulando cargos de confianza, gerentes, entrenadores personales, directores generales, subdirectores generales, secretarios, subsecretarios y asesores. Miles de asesores. Y que la solución a un paro juvenil que supera ya al 50% sea la movilidad geográfica y buscarse la vida en Europa, ya que emigrar a Europa ya no es emigrar.
Alguien puede digerir que se esté trabajando en una nueva reforma de las pensiones que alargará la vida laboral, exigirá más años cotizados y bajará la prestación; mientras los diputados pueden cobrar la pensión máxima con tan sólo siete años cotizados, ya que, tras su reincorporación a la vida laboral y si no alcanzan el tope de pensión, el Congreso les complementa la prestación hasta llegar al máximo.

Es lícito que en este país se esté desangrando el Estado de Bienestar y el futuro de millones de personas sin empleo y que la casta política mantenga privilegios inasumibles desde un mínimo criterio ético y de responsabilidad. Claro que se puede censurar a la clase política, sin cuestionar la democracia. Es lícito y absolutamente imprescindible, mientras sigan instalados en la inopia.