jueves, 28 de junio de 2012

Los paraísos fiscales hacen que suba el precio del pan





Entre las no-condiciones que la UE ha impuesto a España para concedernos el no-rescatebancario tan celebrado por Rajoy, llama la atención –sobre todo de los más de 11,5 millones de españoles en riesgo de pobreza o exclusión social– la “obligación” (Almunia dixit) de aumentar el IVA de los productos de primera necesidad del 4% al 18%, es decir multiplicar por más de cuatro los impuestos que afectan directamente a los que menos tienen. Sobre todo si se presta la debida consideración al hecho de que esa amarga medicina tributaria es no-condición sine qua non para curar la úlcera sangrante del sistema financiero español provocada por la hemorragia de capitales que se están fugando de nuestro país.
La retirada de fondos del sistema bancario español alcanzó en marzo los 66.200 millones de euros, casi el doble que el anterior máximo registrado (mayo de 2010), y en nueve meses han salido de la economía española 200.000 millones en recursos financieros. Esto ha convertido al Banco Central Europeo en la principal fuente de financiación de los bancos españoles, que pidieron en mayo 287.813 millones prestados al BCE. Un nuevo récord histórico, tras un aumento del 9% frente a lo solicitado en abril. En un año, la dependencia de España del BCE se ha más que quintuplicado, desde los 53.134 millones de euros que la banca le pidió en mayo de 2011.
Y no se trata de una prudente reinversión de capitales hacia otros países de Europa con menor riesgo de bancarrota, sino de una auténtica sangría de los recursos monetarios del viejo continente. Las inversiones directas de los países de la UE en paraísos fiscales se multiplicaron el año pasado ¡por más de once! en relación a 2010, hasta alcanzar los 58.900 millones de euros. Gracias a ello, los paraísos fiscales fueron en 2011 el segundo destino del mundo con mayor flujo de inversión directa, sólo por detrás de EEUU.
Es más que evidente que esa fuga de euros hispanos hacia otras divisas más rentables, y hacia parajes mucho más cómodos que España para el capital (como Suiza o las islas Caimán, donde se concentra casi el 20% de los depósitos monetarios no bancarios del mundo) se ha multiplicado en los últimos meses, quizá como consecuencia de la gran confianza de los mercados que ha recuperado el PP al hacerse con las riendas del Gobierno. Curiosamente, esa cantidad acumulada en las cajas fuertes suizas y caimanes (alrededor de 1,35 billones de dólares o un billón de euros) casi equivale a lo que han desembolsado de las arcas públicas (1,2 billones) para rescatar a sus bancos (por supuesto, privados) los ocho países occidentales más comprometidos por la crisis: EEUU, Alemania, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Irlanda, Grecia y España… aunque aún está por ver cuánto acabará entregando esta última a la pira del sacrificio presupuestario.
Ante tantos sacrificios de los contribuyentes, la Comisión Europea ha hecho un nuevo estudio sobre las proporciones astronómicas de la evasión tributaria, a causa de la cual (según el borrador del informe oficial que debe ser aprobado por Bruselas este miércoles) los países de la UE pierden cada año cerca de un billón de euros (¡qué parecidas son todas estas cifras!) en ingresos fiscales. “En algunos casos, los estados miembros han llegado casi al límite del gasto que pueden recortar y los impuestos que pueden subir, mientras los contribuyentes honestos deben cargar con el peso de la austeridad“, se escandalizan –ahora– nuestros “hombres de negro”.
O sea, que una vez más los gobernantes mundiales clamarán al cielo contra el fraude tributario y los paraísos fiscales, a donde va parar ese descomunal atraco a las arcas públicas, igual que hiciera el G-20 en noviembre del 2011 y anteriormente cada seis meses desde el estallido de la burbuja financiera en 2008. Otra vez proclamarán que van a estudiar cómo frenar ese gigantesco fraude a la ciudadanía y que van a plantearse la “refundación del capitalismo”… o cualquier otra cosa que suene bien.
Después… nos subirán el precio del pan

lunes, 25 de junio de 2012

Un camposanto para dinosaurios El Tribunal de Cuentas parece un geriátrico que no controla nada




¿Se imaginan un órgano de control al que técnicamente no controla nadie, pero que no controla nada? Sí, su función deviene inútil.
El Tribunal de Cuentas, al igual que otros órganos constitucionales —como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional— está pendiente de renovación desde hace año y medio, cuando los consejeros concluyeron su último mandato de nueve años. Sin embargo, PP y PSOE habían llegado al compromiso de renovar sus miembros antes del día 30 de este mes, aunque, que se sepa, todavía no se han reunido.
Los consejeros de cuentas son 12, de los que la mitad son designados por el Congreso y la otra mitad por el Senado, que los eligen por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados, economistas, etcétera, de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional.
La Constitución y otras leyes definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, y constituye una sección de enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Además, controla las finanzas de los partidos y de los procesos electorales. Depende directamente del Parlamento, aunque no sea un órgano propio del mismo.
Esa es la teoría, porque la práctica rebaja mucho esas expectativas. De hecho, es una institución que legalmente goza de gran independencia y que debería ser técnica, pero que, sin embargo, como señala el informe sobre integridad institucional de España, elaborado por la organización mundial anticorrupción Transparency Internacional, está influenciada, cuando no manejada, por los dos grandes partidos políticos, “que no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control”. Aunque tiene recursos suficientes y personal preparado, “no es suficientemente eficaz en el control de la eficiencia y eficacia del sector público, dado que se limita a controles muy formales”. Este supremo fiscalizador nunca ha hecho nada ni en temas de endeudamiento ni de déficit público. Podría haber propuesto la destitución de gestores, pero tampoco lo ha hecho nunca.
El control de su gasto interno es una entelequia. Tamaña función está encomendada a un interventor, al que curiosamente nombra y puede remover libremente el pleno del tribunal.
Sin embargo, una de sus actividades más inútiles es la fiscalización delas finanzas de los partidos políticos. La banca financia a las formaciones políticas con representación parlamentaria con préstamos que luego no reclama, pero nunca pasa nada. Y ¿por qué? Pues porque es norma de la casa que en todos los informes de fiscalización de partidos haya coponencias, es decir, que haya dos ponentes, uno del PP y otro del PSOE. Alguien debió pensar que para que no hubiera sorpresas era mejor prevenir.
El citado informe de Transparency señala que el control financiero de los partidos es muy débil en lo que respecta a ingresos que proceden de fuentes privadas e incompleto en lo referido a las fuentes públicas. Habría que solucionar las lagunas legales existentes y asegurar un organismo supervisor independiente que realizara un control adecuado. “Una mejora en este ámbito sería esencial para la lucha contra la corrupción”, concluye el informe.
El tribunal, además, debería incorporar una auditoria anual de gestión económico-financiera, y de eficacia de los órganos públicos, así como evitar el retraso crónico en los informes que realiza, precisa Transparency.
Los consejeros no tienen edad de jubilación ni límite de mandatos, lo que ha propiciado que el tribunal se haya convertido en un codiciado camposanto para dinosaurios. Ubaldo Nieto de Alba, de 81 años, lleva 30 años en la institución; Juan Velarde, de 85, es consejero desde hace 20 y Ciriaco de Vicente, de 75, desde hace 21. Rafael Corona y Manuel Núñez, de 78 años cada uno, llevan 10 años en el tribunal. Si resultaran reelegidos podrían estar en el cargo hasta los 90, 94, 85, 88 y 88 años, respectivamente. Ya lo decía Picasso: “Uno comienza a sentirse joven a los 60 años, pero ya es demasiado tarde”.
En tiempos de crisis, ganan 112.000 euros anuales más antigüedad y disponen de coche oficial, dos secretarias y 6.000 euros anuales de gastos protocolarios por consejero. Una bicoca. Noel Clarasó sostenía que “el mejor modo de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla”.
¿No creen que ya va siendo hora de que alguien abra las ventanas y ventile el aire asfixiante de camposanto de dinosaurios?

Una nueva categoría social



La crisis convierte en poco menos que privilegiados a quienes eran tenidos por casi marginados

La generación quizá mejor preparada de nuestra historia proyecta un futuro muy oscuro






Si hace unos pocos años ser mileurista equivalía prácticamente a ser un paria social, la actual crisis económica, con el desempleo juvenil rondando el 50%, ha cambiado sustancialmente las cosas. Los mileuristas han subido un peldaño en la escala, a hombros de una nueva y creciente categoría laboral: los nimileuristas. La crisis convierte así poco menos que en unos privilegiados a quienes eran tenidos (y se tenían) por casi marginados: al menos poseen un trabajo (aunque sea malo) y al menos disponen de un sueldo (aunque apenas sea realmente digno de ese nombre). La percepción de que todo podría ir a peor, es, quizá, lo que les hace valorar más lo que tienen: al contrario que el conjunto de los españoles, la mayoría de mileuristas califica positivamente su actual situación económica familiar. Ven el vaso medio lleno. Ahora —al igual que el pobre sabio de La vida es sueño de Calderón— ven a otros detrás suyo cogiendo las hierbas que ellos van arrojando. Los nimileuristas: una nueva categoría de pobres en Occidente según palabras del sociólogo francés, Louis Chauvel.
Más del 80% tiene una percepción negativa sobre la situación política
Si para los españoles en su conjunto, el panorama económico y político actual de España es desolador, para los nimileuristas, estos jóvenes menores de 35 años con bajos ingresos, es angustioso: en lo económico, la práctica totalidad —por encima del 95%— considera mala o muy mala la actual situación de España y cerca del 90% no solo cree que aún falta tiempo para que la crisis económica empiece a remitir —estiman que hasta dentro de cuatro años nada va a cambiar— sino que, además, piensa que el paro va a seguir igual de alto que ahora o incluso que va a ir en aumento. Tampoco ven que la recién aprobada reforma laboral —con la que se muestran especialmente críticos— vaya a cambiar sustancialmente sus opciones de futuro. Los nimileuristas creen —junto con los parados de su misma edad, con los que comparten un perfil similar— que aquello que otros tienen miedo a perder, ellos ni siquiera lo van a poder conseguir.
Su percepción sobre la situación política española no es mucho mejor: son más del 80% quienes la califican negativamente y la amplia mayoría no solo desaprueba la gestión de los dos principales líderes políticos de nuestro país —la de Rajoy como presidente y la de Rubalcaba como oposición— sino que también confía poco o nada en ellos. Una percepción que, probablemente, esté detrás de su menor participación electoral en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre: en torno a 10 puntos menos que el conjunto del electorado español.
Si hoy hubiese elecciones, serían algunos más los que votasen al PP que al PSOE
No obstante, si se celebrasen ahora unas nuevas elecciones generales, el comportamiento electoral de los nimileuristas apenas variaría con respecto al mostrado hace cuatro meses: serían algunos más quienes votarían al PP que al PSOE —aunque, en ambos casos, en menor proporción que el resto de españoles—, si bien confiarían algo más en otras opciones políticas (sobre todo IU pero también UPyD). Una conducta quizá afectada por los planteamientos más sonoros del movimiento 15M: apoyo a otras opciones diferentes a las que representan los dos partidos mayoritarios.
En definitiva, los nimileuristas comparten con el resto de ciudadanos una visión grisácea de la actual situación político-económica española, pero que en su caso, está más extendida y es más profunda. La generación quizá mejor preparada de nuestra historia y con un mayor acceso a, también, una mayor cantidad de información, proyecta un futuro muy oscuro

Frustración juvenil El paro y la precariedad laboral de los jóvenes es una pérdida irreparable también para el país


El desempleo y la extraordinaria precariedad laboral que sufren los jóvenes españoles son síntomas de un fracaso colectivo que no solo empobrece a los afectados. La falta de perspectivas laborales y, por tanto, vitales es un drama español de carácter endémico que la crisis y la actual recesión han agudizado hasta extremos insostenibles. Las estadísticas son inapelables, pero detrás de ellas hay nombres y apellidos, historias de desesperanza de jóvenes que ahora perciben inalcanzable un empleo que siquiera roce los mil euros; de ahí la serie que inicia hoy este periódico bajo el lema de "nimileuristas".
La tasa de paro juvenil ha escalado a un ritmo acelerado en los últimos cinco años hasta el 49,9%, lo que supone duplicar la media de la Unión Europea. Pero, además, la mayoría de los que logran acceder al mercado laboral ni siquiera obtienen las condiciones y los salarios adecuados para poder iniciar por su cuenta un proyecto de vida independiente. Tampoco para poder participar en el sistema productivo con la dignidad que se corresponde con los principios fundamentales que aprendieron en la escuela y con la que merecen los ciudadanos de un país democrático del mundo desarrollado.
La ausencia de políticas activas de empleo y los insuficientes intentos de modificar los patrones de crecimiento se han venido a unir a una crisis económica devastadora en términos de desempleo. El empobrecimiento general de la población con el recorte masivo de ingresos está perjudicando de manera inmisericorde a los más jóvenes. A ellos van destinadas las ofertas —crecientes— de salarios miserables y extensos horarios. En un contexto de elevado desempleo y de incertidumbre laboral, emolumentos en negro y trabajos sin ningún tipo de derechos empiezan a ser moneda corriente entre esos jóvenes, muchos de ellos con estudios universitarios, que ven cómo se truncan sus expectativas mientras asisten al obsceno espectáculo de un reparto cada vez más desigual de la riqueza. Durante la crisis, la brecha salarial entre directivos y empleados no hace más que crecer, como demuestra la encuesta de estructura salarial del INE; un fenómeno que no es exclusivo de España.
El 89% de la población española considera que la situación económica es mala o muy mala, lo que marca un récord de pesimismo que, como un círculo vicioso, es, a su vez, un lastre para el sistema. La misma encuesta del CIS que refleja esta negativa percepción ciudadana demuestra que aumenta el número de españoles dispuestos a cambiar de ciudad e incluso a cruzar la frontera para conseguir un puesto de trabajo. Hay informes que hablan de hasta 300.000 jóvenes que habrían emigrado desde el inicio de la crisis, dilapidando así en beneficio de otros todos los conocimientos que España puso a su alcance. Esa falta de perspectivas es un peligroso caldo de cultivo para el conflicto social y una pérdida irreparable para todo un país.


El desempleo y la extraordinaria precariedad laboral que sufren los jóvenes españoles son síntomas de un fracaso colectivo que no solo empobrece a los afectados. La falta de perspectivas laborales y, por tanto, vitales es un drama español de carácter endémico que la crisis y la actual recesión han agudizado hasta extremos insostenibles. Las estadísticas son inapelables, pero detrás de ellas hay nombres y apellidos, historias de desesperanza de jóvenes que ahora perciben inalcanzable un empleo que siquiera roce los mil euros; de ahí la serie que inicia hoy este periódico bajo el lema de "nimileuristas".
La tasa de paro juvenil ha escalado a un ritmo acelerado en los últimos cinco años hasta el 49,9%, lo que supone duplicar la media de la Unión Europea. Pero, además, la mayoría de los que logran acceder al mercado laboral ni siquiera obtienen las condiciones y los salarios adecuados para poder iniciar por su cuenta un proyecto de vida independiente. Tampoco para poder participar en el sistema productivo con la dignidad que se corresponde con los principios fundamentales que aprendieron en la escuela y con la que merecen los ciudadanos de un país democrático del mundo desarrollado.
La ausencia de políticas activas de empleo y los insuficientes intentos de modificar los patrones de crecimiento se han venido a unir a una crisis económica devastadora en términos de desempleo. El empobrecimiento general de la población con el recorte masivo de ingresos está perjudicando de manera inmisericorde a los más jóvenes. A ellos van destinadas las ofertas —crecientes— de salarios miserables y extensos horarios. En un contexto de elevado desempleo y de incertidumbre laboral, emolumentos en negro y trabajos sin ningún tipo de derechos empiezan a ser moneda corriente entre esos jóvenes, muchos de ellos con estudios universitarios, que ven cómo se truncan sus expectativas mientras asisten al obsceno espectáculo de un reparto cada vez más desigual de la riqueza. Durante la crisis, la brecha salarial entre directivos y empleados no hace más que crecer, como demuestra la encuesta de estructura salarial del INE; un fenómeno que no es exclusivo de España.
El 89% de la población española considera que la situación económica es mala o muy mala, lo que marca un récord de pesimismo que, como un círculo vicioso, es, a su vez, un lastre para el sistema. La misma encuesta del CIS que refleja esta negativa percepción ciudadana demuestra que aumenta el número de españoles dispuestos a cambiar de ciudad e incluso a cruzar la frontera para conseguir un puesto de trabajo. Hay informes que hablan de hasta 300.000 jóvenes que habrían emigrado desde el inicio de la crisis, dilapidando así en beneficio de otros todos los conocimientos que España puso a su alcance. Esa falta de perspectivas es un peligroso caldo de cultivo para el conflicto social y una pérdida irreparable para todo un país.

La quiebra de Europa




En 1945 Europa dejó atrás más de treinta años de guerra, revoluciones, fascismos y violencia. La cultura del enfrentamiento se había abierto paso en medio de la falta de apoyo popular a la democracia. Los extremos dominaban al centro y la violencia a la razón. Un grupo de criminales que consideraba la guerra como una opción aceptable en política exterior se hizo con el poder y puso contra las cuerdas a los políticos parlamentarios educados en el diálogo y la negociación.
El total de muertos ocasionados por esas guerras, revoluciones y contrarrevoluciones, y por las diferentes manifestaciones de terror estatal, superó los ochenta millones. Cientos de miles más fueron desplazados, huyeron de país en país, planteando graves problemas económicos, políticos y de seguridad. En los casos más extremos de esa violencia hubo que inventar hasta un nuevo vocabulario para reflejarla. El genocidio, por ejemplo, un término ya inextricablemente unido al extermino de los judíos en los últimos años de supremacía de la Alemania nazi.
A partir de ese año, el reparto del continente entre las principales superpotencias victoriosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la ausencia o contención de los conflictos étnicos y disputas territoriales que habían caracterizado los años veinte y treinta, cambiaron su rumbo. Aunque la democracia parlamentaria tardó después décadas en instalarse en bastantes países, dominados por dictaduras derechistas o comunistas, el sueño de crear una Europa unida, próspera, estable y civilizada parecía hacerse realidad a finales del siglo XX. Todos querían participar de esa edad de oro del capitalismo, de la democracia y del Estado del bienestar.
Porque si algo caracterizó a las democracias europeas que se consolidaron tras la Segunda Guerra Mundial fue el compromiso de extender a través del Estado los servicios sociales a la mayoría de los ciudadanos, de distribuir de forma más equitativa la renta. Superar el atraso en equipamientos colectivos, infraestructuras y sistemas asistenciales fue uno de los grandes desafíos de los países que, como Grecia, Portugal o España, se engancharon a ese carro durante el último cuarto de siglo. Los nuevos grupos políticos establecidos a partir de 1989 en el Este dejaron muy clara su intención de enterrar el sistema comunista. Era el triunfo de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales, tras décadas de sinuosos destinos, paradojas y contrastes.
Estamos ante la muerte de la Europa ideal, sometidos a la plaga de los mercados y con millones de personas en ruina
El siglo veinte fue extraordinariamente variado, “de extremos”, como lo acuñó el historiador británico Eric J. Hobsbawm, pero al hacer balance casi todo el mundo celebraba que, después de tanta batalla, finalizadas las grandes rivalidades ideológicas, Europa era en el año 2000 más democrática y rica que nunca. Menos violenta y más estable. El capitalismo parecía funcionar con reglas establecidas, respetadas por los ciudadanos y los gobiernos. Un buen sitio para vivir.
Apenas una década después, dilapidada parte de esa prosperidad, reaparecen los fragmentos más negros de su historia. Europa no la componen sólo los países occidentales y durante la mayor parte de ese siglo veinte millones de ciudadanos defendieron estar organizados conforme a estrictas reglas autoritarias, pasando por encima de quienes no las aceptaron. En los países que salieron del comunismo, después de más de cuatro décadas de represión, las diferentes tradiciones políticas habían quedado borradas. Mientras la izquierda luchaba por distanciarse del pesado legado del comunismo, la derecha no tenía una historia democrática que reivindicar. La gran variedad de culturas y tradiciones nacionales siempre resultó un poderoso obstáculo a la cooperación.
Estamos ahora ante la muerte de esa Europa ideal que no pudo ser, sometidos a la plaga de los mercados, a los desastres económicos y con millones de personas en ruina. Aparentemente, los políticos trabajan para tapar las grietas, devolver la confianza, reconstruir la unidad. Lo que sale a la luz, se nota, se sufre, es, sin embargo, su incapacidad para elaborar un plan eficaz y hacerlo realidad. Todo lo demás está en el camino de convertirse en pura retórica europeísta, sólo útil para el reducido círculo que impone sus decisiones a los demás.
La riqueza no se distribuyó de forma igualitaria en toda Europa y algunos países, con Alemania al frente, no quieren ahora compartir los privilegios económicos. Es probable que otros, los países mediterráneos por ejemplo, hayan hecho muchos méritos para su exclusión de esa comunidad de intereses y beneficios, pero eso no era lo previsto, ni lo pactado, en la visión europeísta de la unión monetaria, de la utopía comunitaria frente a las trágicas rivalidades nacionales e ideológicas del pasado.
Si la crisis se agrava, las democracias se vuelven más frágiles y los Estados dejan de redistribuir bienes y servicios, que fue su principal aportación a la estabilidad social, estaremos de nuevo al borde del abismo, convertidas la economía, y la mera subsistencia, en un asunto de vida o muerte. Por eso necesitamos políticos comprometidos con la sociedad, con los más débiles, antes de que esta quiebra del orden europeo haga crecer el extremismo político, el nacionalismo violento y la hostilidad al sistema democrático.