Las políticas seguidas solo han generado empleos precarios y grandes desigualdades

Europa se encuentra en la crisis más grave desde la II Guerra Mundial. Merkel, Barroso y Lagarde han destrozado nuestro continente a base de austeridad. De París a Madrid, la economía se contrae. Casi 27 millones de personas están en paro.
Europa meridional se lleva la peor parte. En España y Grecia, una de cada cuatro personas está en paro. En Madrid, Sevilla, Roma y Atenas crece una generación perdida. Desde el punto de vista de la canciller alemana, no hay alternativas a la política de austeridad y las reformas estructurales, aunque sean dolorosas. Angela Merkel vende la política de reformas alemana como la poción mágica para Europa. A primera vista, eso parece razonable. Alemania es el último país sano en el lazareto europeo. Una economía en crecimiento, bajo nivel de paro, una industria sumamente competitiva y un presupuesto casi sin deuda hablan por sí solos.
Pero en contra de la lectura oficial, las reformas de Schröder (Agenda 2010, Hartz IV) no supusieron ningún milagro para el empleo. Aunque es indiscutible que hoy hay en Alemania 1,4 millones de puestos de trabajo más que al empezar el siglo, las estadísticas laborales distorsionan la realidad. Cuando las empresas transforman contratos a tiempo completo en empleos a tiempo parcial o minijobs, el número de empleados aumenta. Sin embargo, lo que se ha hecho no es sino redistribuir el trabajo existente en condiciones de precariedad. Eso es justo lo que ha pasado en Alemania. Desde el año 2000 se perdieron 1,6 millones de empleos a tiempo completo. Simultáneamente surgieron tres millones de empleos a tiempo parcial.
El supuesto boom alemán del empleo nunca desbordó el marco de una de las habituales recuperaciones coyunturales. Después de las reformas, el empleo no se recuperó con más fuerza que antes de ellas.

Es justo que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a los ataques neoliberales

Y, de igual modo, los buenos datos del nivel de desempleo alemán han de tomarse con cautela. Oficialmente, en Alemania solo hay tres millones de parados, el nivel de desempleo más bajo desde hace 20 años. Sin embargo, los que ganan un euro a la hora, quienes tienen más de 58 años y no perciben un salario o los desempleados en cursos de formación no se cuentan en las estadísticas del paro. Además, hay más de dos millones de trabajadores a tiempo parcial que desearían tener un contrato a tiempo completo, pero que no lo consiguen.
Es muy popular el cuento de que Alemania ha salido airosa de la crisis de la economía y los mercados financieros solo gracias a las reformas de Schröder. En esta crisis se han salvado más de un millón de empleos gracias a las reducciones del tiempo de trabajo. Las jornadas laborales reducidas y las bolsas de horas de trabajo subvencionadas por el Estado han impedido que las caídas en la producción se hayan transformado en paro masivo. Este éxito de la política de empleo no tiene nada que ver con la “política de reformas”. Además de esto, el Gobierno de Merkel estabilizó la economía con dos grandes paquetes de medidas coyunturales. Eso fue keynesianismo puro.
En resumen: la política de la Agenda 2010 tiene tan poco que ver con los recientes éxitos económicos como la natalidad con el número de cigüeñas.
Lo que sí han hecho las reformas del mercado de trabajo ha sido dividir a la sociedad. Hoy, casi una de cada cuatro personas empleadas trabaja por menos de nueve euros a la hora. Y 1,4 millones de alemanes se desloman por un salario de hambre inferior a cinco euros. Solo en EE UU hay un salario mínimo inferior. Uno de cada tres trabajos es inseguro. El empleo precario y la pérdida de cobertura de los convenios son responsables de que los acuerdos que negocian los sindicatos solo beneficien a tres de cada cinco trabajadores. Se ha sometido a dieta forzosa a los trabajadores alemanes. Alemania tiene la peor evolución salarial de Europa. En ningún otro país industrializado ha aumentado tanto la desigualdad.
Las consecuencias económicas han sido fatales. La debilidad salarial ha frenado la demanda interna y disparado las exportaciones. El comercio minorista y el trabajo manual sufren por la falta de poder adquisitivo. La industria exportadora, por el contrario, ha podido ofrecer a sus clientes extranjeros precios atractivos. Alemania se ha convertido en el único país de la eurozona en el que la demanda externa ha contribuido al crecimiento más que la demanda interna. ¡Sin éxito!
Además, el crecimiento dependiente de las exportaciones ha perjudicado a nuestros vecinos. Las empresas españolas, italianas y portuguesas han podido vender cada vez menos productos en los agostados mercados alemanes. Pero eso no es todo. Las compañías alemanas, competitivas por precios, han puesto contra la pared a la competencia de la Europa meridional.
Españoles, franceses, italianos y griegos deberían apartar las manos de la poción mágica alemana. Las reformas estructurales neoliberales destrozan los convenios territoriales, su autonomía y la protección frente al despido. Por eso se han hundido los salarios españoles, portugueses y griegos en los últimos dos años entre un siete y un 20%. Esto ha hecho surgir una competencia salarial desatada, pero ni un solo puesto de trabajo nuevo.
Es justo que nuestros colegas del sur de Europa se defiendan frente a estos ataques. Su lucha defensiva tiene nuestra solidaridad. Europa necesita un cambio de política. Debe detenerse la política de austeridad, económica y socialmente destructiva. En su lugar necesitamos inversiones de futuro en educación, salud, protección al clima e infraestructuras —un Plan Marshall—, así como un programa inmediato contra el desempleo juvenil. Para poder financiar todo esto es necesario aumentar la presión fiscal sobre las grandes rentas y fortunas en toda Europa. Solo una Europa social tiene futuro.

Rajoy no necesitaba expertos para recortar las pensiones, necesitaba una coartada

Si el Gobierno nombra un grupo de expertos para que estudie la reforma de las pensiones, ¿a qué conclusión creen ustedes que llegará? Exacto, a que hay que recortarlas. Rajoy no necesitaba un grupo de expertos, necesitaba una coartada, a ser posible de carácter científico, para demostrar que no se encontraba en el lugar del crimen el día de autos. Las coartadas científicas, ya lo vamos viendo, sirven para cometer atropellos repugnantes. Viene a ser lo del celador que se cargaba a los ancianos para que no sufrieran. Dice que daba gusto verlos ahí, tan muertos, en paz al fin consigo mismos, con el mundo.
Resulta que, según los expertos, para mantener la sostenibilidad del sistema de pensiones hay que inyectarle un poco de ácido, una porción de líquido desincrustante, un detergente corrosivo. Si entendemos por sostenibilidad de un sistema su cualidad de sostenible, significa que vamos a cambiar una sostenibilidad buena por otra mala. En la mala, y por poner un ejemplo, las pensiones no se actualizarán de acuerdo a la subida del pan. Se trata de desincentivar a los ancianos, por naturaleza insolidarios, para que se mueran de una vez y dejen de ser una carga, coño, para el contribuyente honrado. ¿Qué hemos conseguido, de hecho, durante los años en los que su renta subía por encima del IPC? Que se agarraran como lapas a la vida.
Todo esto no se puede decir así, con la crudeza que está empleando un servidor, incluso aunque no ocurriera nada, que con los actuales niveles de resignación tampoco ocurriría. Por eso mismo, es muy de agradecer que este Gobierno de ricos, colocado ahí por la banca preferentista para proteger a las clases altas y a los defraudadores, y pese a no necesitar excusa de tipo alguno para cometer sus atropellos, culmine el de las pensiones parapetándose tras un grupo de sabios sí señor.

Sería engañoso entender la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2013 como la confirmación de una mejora significativa de la economía española. Es cierto que tras una contracción trimestral del 0,8% en los últimos tres meses de 2012, una del 0,5% representa un avance. Pero este periodo recesivo no va a desaparecer así como así. La evolución de los tres primeros meses implica dos evoluciones probables delicadas a corto plazo. La primera es que ya es prácticamente imposible que se cumpla la predicción de PIB del Gobierno (-1,3%). Para que eso sucediera, durante los tres trimestres restantes al menos dos deberían registrar una tasa cero de crecimiento; y el tercero tendría que presentar un crecimiento positivo. La probabilidad de que eso suceda es baja.
De hecho, un cálculo prudente indica que el cierre del PIB este año estará en torno al -1,6%. La cuestión es si, al menos, España ha acabado de tocar fondo y a partir de este momento se volverá paulatinamente a una senda de crecimiento, bajo primero y moderado después. En términos de probabilidad, es difícil que la evolución lógica de la economía durante 2014 alcance ese 0,5% de crecimiento que defiende el Gobierno. Casi todos los factores que influyen en la evolución del PIB son negativos, incluidos los de comercio exterior, un distante clavo ardiendo al que quiso agarrarse el Gobierno durante los últimos meses de 2012 y los primeros de este año.
Pero lo más doloroso de los números de Contabilidad Nacional importante hay que buscarlo en las proyecciones del mercado laboral. Si se confirma para este año una contracción del PIB en torno al 1,6%, eso implicaría un descenso aproximado del empleo del 4%. Más paro, más costes para el erario público y una presión acentuada para proceder a nuevos recortes sociales.
El dato de Contabilidad Nacional del primer trimestre indica, por supuesto, que estamos tres meses más cerca del final de la recesión; pero no despeja las dudas sobre cuándo se producirá este final con cierta precisión. Tampoco aclara la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno que, por cierto, deberían ser evaluadas periódicamente para comprobar su grado de acierto. En todo caso, la persistencia tenaz de la recesión y, sobre todo, los costes que acarrea, es un nuevo motivo para contrastar la política económica con la realidad.

Ignorar los efectos devastadores de las políticas de ajuste

Así vive la generación nacida durante los años ochenta. Hijos de la democracia con un futuro brillante en un país de oportunidades. Fervientes defensores de la libertad, la educación y los derechos del pueblo. Se nos llenaba la boca con los números de las inscripciones a las universidades y les decíamos “estudia mucho y llegarás lejos”. Pero zas, se dieron contra el muro de la crisis. Y ahí terminó todo. Volvemos a la posguerra en la que sus bisabuelos tuvieron que emigrar a otros países para poder comer. Esta generación desencantada con su futuro cierra el círculo evolutivo en que cada generación conseguía tener algo mejor que la anterior. En este caso, vuelven a estar como hace años: emigrar o sobrevivir. El círculo se cierra sin saber cuál será la siguiente generación que pueda dar un paso adelante

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define como crimen de lesa humanidad a “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

Los robos, despilfarros, sobresueldos y otras prebendas, en negro, gris o blanco, y, en general, la corrupción de un Estado que, tras haber arruinado a un país, evade la acción de la justicia y continúa promulgando leyes injustas sobre una población empobrecida, constituye el mejor ejemplo de este tipo de crimen, encubierto bajo aparente democracia.

Que cada cual juzgue; son crímenes imprescriptibles, y tarde o temprano los juzgará la justicia.

Armada de sus nuevos poderes en política económica, la Comisión Europea pone todo su celo en imponer a los Estados miembros de la UE la estricta prioridad de controlar su déficit público. Los gobiernos se ven obligados a severos recortes de su gasto para evitar los procedimientos sancionadores por déficit excesivo impulsados por la Comisión. La ideología dominante prefiere ignorar los efectos devastadores de tales recortes sobre la demanda, el empleo y los ingresos por impuestos. La Comisión, además, sanciona planes que conllevan recortes a principios democráticos y derechos fundamentales sin contribuir significativamente al ahorro. Ante la disyuntiva entre democracia y ortodoxia económica, la Comisión se inclina por la segunda.

Un ejemplo es Hungría, inmersa en un proceso sancionador por déficit excesivo. La semana pasada Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, anunció nuevas medidas para atajarlo. Entre ellas, un nuevo impuesto sobre publicidad en los medios, con escaso impacto presupuestario. El efecto inmediato de este impuesto, que sube en proporción al tamaño de los ingresos publicitarios, es hacer inviables comercialmente a RTA-Club y TV2, dos canales que suman la mayor parte de la audiencia de televisión privada. El primero ya anunció que se marchará del país a emitir desde Luxemburgo, como han hecho ya otras televisiones; el segundo, que sus actuales propietarios quieren vender, deja de ser atractivo para los inversores suecos que lo codiciaban y es muy probable que acabe en manos de su otro pretendiente, Zsolt Nyerges, un oligarca muy cercano al Gobierno. Con la excusa de cumplir con el déficit, Orbán acalla así a las voces críticas. La Comisión, mientras, se fija en si los números cuadran. Hay que recordar que, entre los cambios legislativos de dudosa legitimidad democrática, el que impulsó un proceso fulminante de la Comisión —que finalmente obligó a Budapest a rectificar— no fue el ataque al sistema judicial o a la libertad de prensa, sino el intento de limitar la independencia del Banco Central.

Los recortes están afectando seriamente a un tema tan fundamental como es el acceso a la justicia. En España la introducción de nuevas tasas judiciales amenaza con dificultar e incluso cerrar el acceso a la justicia a cientos de miles de personas; la reciente reducción de un 80% del importe de algunas de esas tasas no fue el resultado de la presión de la Comisión, sino de las protestas. En Reino Unido las medidas de austeridad de la coalición conservadora-liberal han afectado a la asistencia legal gratuita, de la que han quedado excluidos gran cantidad de casos; la semana pasada cientos de abogados se manifestaron en Londres ante un ataúd con la leyenda ‘RIP Asistencia Legal’ para protestar por la nueva decisión del Ministerio de Justicia de recortar el presupuesto de asistencia legal en casos criminales. Con menos presupuesto para tribunales, asistencia legal y apoyo complementario para personas con discapacidades u otras dificultades (por ejemplo, con necesidad de traducción) el acceso universal y equitativo a la justicia está en entredicho en cada vez más países europeos.

Los recortes se ceban en los más vulnerables mucho más allá de la pura lógica de los números. En muchos casos es probable que los recortes de hoy añadan enormemente a las facturas de mañana. Negar la asistencia médica a los inmigrantes sin residencia legal, como lo han empezado a hacer España y Grecia en el contexto de los recortes, elimina una parte ridícula del agujero presupuestario actual, pero causa un sufrimiento humano innecesario, crea riesgos de salud pública (recuerden que el senegalés Alpha Pam murió en Mallorca sin tratamiento para una enfermedad altamente contagiosa, la tuberculosis) y generará costes adicionales cuando personas sin seguimiento médico acaben en urgencias. La eliminación, en nombre del ahorro, de la provisión gratuita de jeringuillas para heroinómanos en Rumanía y Grecia ha resultado en una epidemia de HIV-SIDA cuyos efectos y costes se sentirán durante años; lo mismo pasará con el fin de la vacunación infantil gratuita y universal en Grecia.

No pasa un mes sin que otro gobierno europeo anuncie un nuevo paquete de recortes. Con ellos se esfuman derechos sociales duramente adquiridos y se evaporan las esperanzas de millones de familias. Los gobiernos aprovechan para eliminar trabas a la acción del Estado y adoptar medidas que se ceban en los más débiles y los que menos pueden hacer oír su voz. La Comisión Europea, guardiana de los tratados en una Unión Europea cuya Carta de Derechos Fundamentales está siendo pisoteada una y otra vez, mantiene la ficción de una lógica económica inexorable como baremo único. Mientras Olli Rehn, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, y su equipo le dan a la calculadora, algunos aprovechan la coartada para recortarnos nuestras democracias