miércoles, 8 de julio de 2015

Una vergüenza de país; El Senado una agencia de colocación para el PPSOE




Una de las causas principales que explican el desafecto de los ciudadanos hacia la clase política en España -acreditado en cada barómetro del CIS- es el empeño que han demostrado los partidos para domeñar las instituciones hasta el punto de provocar la esclerotización de un sistema político lastrado por el enchufismo y la falta de ejemplaridad. Tal necesidad de cambio vuelve a ponerse de manifiesto con la designación de senadores autonómicos. El PP, igual que hizo el PSOE con algunos de sus barones, ha enviado al Senado a cuatro ex presidentes que perdieron el poder tras el 24-M. En total,la Cámara Alta acoge a nueve ex presidentes cuyo gasto en nóminas ronda los 600.000 euros. El PP y el PSOE demuestran así que siguen empecinados en mantener el Senado como una agencia de colocación de políticos retirados y en una actitud refractaria a la regeneración que exigen los ciudadanos. Los partidos tradicionales no deberían esperar al empuje de los emergentes para eliminar privilegios y erradicar prácticas incompatibles con la ética pública, como las puertas giratorias, que ahondan en el desprestigio de la política.
Luisa Fernanda Rudi, Alberto Fabra, José Ramón Bauzá y Pedro Sanz son los cuatro dirigentes del PP que pasarán a engrosar la lista de barones que recalan en la Cámara Alta. El PSOE tampoco puede sacar pecho después de colocar en esta cámara a algunos de sus ex presidentes, como Lerma, Antich o Montilla, quien cobra 9.000 euros de pensión de la Generalitat además de su sueldo senatorial. La displicencia con la que los grandes partidos han convertido al Senado en un cementerio político quedó plasmada ayer en las palabras de Fabra, quien rechazó compatibilizar sus actas de senador y diputado valenciano -aunque la ley lo permite-, no por una voluntad ejemplarizante, sino por falta de empeño. "Yo llego donde llego y soy consciente de que eso es imposible", afirmó. El Senado ha reducido su presupuesto de los 61 millones de euros de 2009 a los 52 millones actuales, de los que 13 corresponden a retribuciones. Pero lo mollar es que sigue sin ejercer el papel de cámara territorial que le otorgó la Constitución del 78. Los intentos fallidos de renovar esta institución deberían culminar en la reforma constitucional pendiente: o el Senado se transforma de verdad en un instrumento capaz de contribuir a la vertebración autonómica o no hay razones para mantenerlo como una cámara de segunda lectura.
De la misma forma, urge suprimir el estatus del que disponen los presidentes regionales cuando dejan de serlo. El desarrollo del Estado autonómico ha erigido a los barones en sucedáneos de minipresidentes del Gobierno. Esto explica que casi todas las CCAA imiten -total o parcialmente- a Cataluña y el País Vasco a la hora de conceder una pensión vitalicia a sus ex presidentes, además de una oficina, personal de apoyo y chófer. Cifuentes, forzada por Ciudadanos, se plantea eliminar el Consejo Consultivo que acoge a los ex presidentes madrileños. Sin embargo, los partidos siguen sin asumir que la política es una profesión de paso. Abochorna que, con una reforma de las administraciones orillada, los gobiernos autonómicos hayan preferido recortar en sanidad antes de liquidar una burocracia que sólo sirve para dar empleo a dirigentes cuya vida política ha quedado amortizada.
Benjamin Disraeli sostenía con socarronería que el mundo está lleno de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndoles en políticos. Desde luego, el mantenimiento de los privilegios en la clase política española constituye una vergüenza en un país asaeteado por la crisis y, mientras no se corrijan, seguirán siendo un muro para que los políticos recuperen parte del crédito dilapidado.