DE DONDE COBRARAN LOS INCAPACITADOS
LABORALES SI SE PULIERON LOS FONDOS?
El dinero de esa «cartilla de ahorros» del sistema -así denominada en una publicación de
la Seguridad Social- ascendía a algo más de 4.600 millones de euros hasta que el
pasado julio la Administración utilizó el 85% del dinero para abonar la extra de julio.
La Seguridad Social utilizó el pasado julio casi 4.000 millones de uno de sus fondos de emergencia para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas, según reveló ayer el Gobierno. El aumento del gasto en las prestaciones, por un lado, y la disminución del número de cotizantes, por otro, han provocado tensiones de tesorería en el sistema público. Las pensiones contributivas supondrán este año en Asturias un desembolso superior a los 4.000 millones, cifra récord equivalente al Presupuesto del Principado.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, dejó entrever ayer que la evolución del gasto en pensiones en España puede obligar en los próximos meses a recurrir al llamado Fondo de Reserva, auténtica «hucha» que acumula cerca de 68.000 millones de euros. Antes de llegar ahí, el Gobierno ya ha recurrido a otra bolsa de dinero, siguiendo un camino que desbrozó jurídicamente en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Se trata del «Fondo de Prevención y Rehabilitación», donde se acumulan los excedentes que tienen las mutuas que, por cuenta de la Seguridad Social, gestionan las cotizaciones y las prestaciones de incapacidad laboral transitoria por accidentes de tarbajo y enfermedades profesionales.
El dinero de esa «cartilla de ahorros» del sistema -así denominada en una publicación de la Seguridad Social- ascendía a algo más de 4.600 millones de euros hasta que el pasado julio la Administración utilizó el 85% del dinero para abonar la extra de julio. La ley presupuestaria aprobada en mayo autorizó al Gobierno a recurrir a ese fondo para cubrir desfases transitorios de tesorería. Con ello se evita tocar la gran «hucha» de los 68.000 millones o acudir a fuentes de financiación alternativas con mayores costes.
Es la primera vez que el sistema de pensiones tiene que usar uno de sus mecanismos de emergencia para pagar las pensiones. Y el Gobierno ha dejado caer que puede volver a ocurrir a corto plazo. La Seguridad Social se ha mantenido sin utilizar sus mecanismos de urgencia durante los cinco años de crisis, pero ahora encara situaciones muy comprometidas: los ingresos están tocados por la caída de la afiliación, que pese a los incrementos estacionales del verano está por debajo de los 17 millones de cotizantes, y el aumento de la inflación amenaza con disparar el gasto. Las prestaciones subieron en enero el 1% y el compromiso del Gobierno es compensar a los pensionistas por la diferencia entre esa subida y el incremento que registre el índice de precios al consumo (IPC). Antes ya del aumento del IVA, la inflación se ha situado en el 2,7% y podría rondar el 3%, según algunos analistas. Cada décima de subida del IPC supone un sobrecoste de 200 millones para el sistema de pensiones.
El secretario de Estado Tomás Burgos aseguró que el propósito del Gobierno es cumplir con los compromisos en materia de pensiones usando «todos los elementos de gestión» a su alcance, abriendo la puerta a utilizar el Fondo de Reserva. La nómina de las pensiones ya está subiendo este año a ritmos vivos. En el caso de Asturias, el sistema inyecta cada mes casi 292 millones de euros, un 3% más que el pasado año. Tales números indican que para el conjunto de 2012 el desembolso de la Seguridad Social en las pensiones contributivas asturianas superará por primera vez los 4.000 millones de euros, una cifra cercana al importe del último presupuesto autonómico que aprobó la Junta General del Principado (4.100 millones, en 2011).
Tomás Burgos señaló que el Gobierno no prevé acelerar la aplicación de la jubilación a los 67 años, que se implantará de forma escalonada y no estará plenamente operativa hasta 2027. La Comisión Europea ha «recomendado» al Gobierno que agilice el retraso de la jubilación efectiva, algo que, según Burgos, se hará por otras vías: limitando el uso de las jubilaciones anticipadas y parciales o estimulando la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. El Gobierno se ha comprometido a presentar «en las próximas semanas», ante la Comisión parlamentaria del «Pacto de Toledo», un informe sobre posibles reformas para conseguir un retraso efectivo de la edad de retiro.
