Con el dinero defraudado al fisco cada año se financiaría el sistema de salud

Para situarnos adecuadamente, comencemos por recordar algunos datos. Según el documento elaborado por la nada sospechosa PricewaterhouseCoopers, SL (PwC), denominado Diez temas candentes de la sanidad española para 2012, y citando fuentes de la OCDE y del Banco Mundial, en España el gasto sanitario per cápita en 2009 era de 3.067 dólares, frente a los 3.233 dólares de media en la OCDE, es decir, un 5,1% inferior. Con ese nivel de gasto, y siempre respecto a esta misma media, nuestro país disponía de un número ligeramente superior de médicos, casi la mitad de enfermeras, significativamente menos camas por cada mil habitantes, menos unidades de resonancia magnética y menos unidades de tomografía computarizada. En cambio, disponíamos de un mayor número de consultas externas y donde se disparaba nuestro gasto era en el gasto farmacéutico per capita (529 dólares frente a los 487 de media de la OCDE).

Ese era, para bien y para mal, el paisaje que se dibujaba en nuestro sistema sanitario a la luz de los datos, un sistema que, con sus virtudes y carencias, situaba a nuestro país, según los últimos estudios publicados en este sentido por la Organización Mundial de la Salud, referidos a 2000, en el séptimo puesto mundial, muy por delante de otros países como Alemania (en el puesto 25) o Estados Unidos (en el 37). Este estudio obtuvo tantas críticas, de quienes no salían especialmente favorecidos en la foto, que no ha vuelto a reeditarse, pero casi nada ha cambiado.

Es inadmisible que, aprovechando la crisis,
se desmantele un
sistema modélico

Lo que admite poca discusión es que el grado de satisfacción con que cuenta el sistema sanitario público en España es elevado. Un sistema que no solo es valorado desde un punto de vista técnico y profesional, sino por lo que representa desde el punto de vista de la igualdad y de la justicia social y por lo que aporta en el ámbito más básico de nuestras necesidades humanas. Tanto es así, que ni siquiera el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, origen de las últimas movilizaciones en el sector, se atreve a cuestionar su calidad. Por el contrario, para justificar su reforma privatizadora lo que argumenta es lo siguiente: “Tenemos una sanidad pública excelente, de calidad, que llega a todos, pero en la actual situación no tenemos ingresos suficientes para que todo siga funcionando exactamente igual. Podemos obtener los mismos resultados, o mejorarlos, pero tenemos que hacerlo de otra manera”.

¿Y cuál es esa otra manera? Por supuesto privatizando. De momento seis hospitales construidos en 2008 y un 10% de los centros de salud. Es decir, que aunque nuestra sanidad pública sea excelente y de menor coste que la media de países de nuestro entorno, como nuestros ingresos son bajos, lo que hay que hacer es cambiar de modelo. ¿Y no sería más lógico cambiar nuestro modelo tributario y luchar de verdad contra las grandes bolsas de fraude fiscal para obtener más ingresos? Aunque me repita, y seguiré haciéndolo hasta que alguien me rebata estos datos o todo el mundo los conozca, según Eurostat los ingresos públicos en relación con el PIB están en España nueve puntos por debajo de la media de la zona euro. Estamos por tanto hablando, con un PIB de más de un billón de euros, de una brecha que nos supone dejar de ingresar unos 100.000 millones al año, de los cuales, según el estudio realizado por la consultora i2 Integrity, nada menos que 70.000 millones corresponderían al fraude fiscal. ¡Y lo único que se les ocurre a algunos es cambiar de modelo de gestión! Por cierto, como es conocido, la financiación pública del Sistema Nacional de Salud asciende a 68.000 millones de euros. ¿A que podrían salirnos las cuentas?

Considerando este último dato, y mirándolo desde otra perspectiva, la verdad es que se entiende perfectamente este afán por encauzar nuestra sanidad hacia lo que algunos denominan eufemísticamente “colaboración público-privada”, porque donde se mueve una cantidad tan importante de dinero, lo que es indudable es que se presentan también oportunidades de negocio. Olvídense de la romántica imagen en la que un grupo de profesionales de la medicina y de la enfermería aúnan esfuerzos para hacerse cargo de la gestión de instituciones sanitarias, con los únicos fines de ejercer su trabajo en las mejores condiciones posibles y en beneficio último de los pacientes. ¿Saben ustedes quiénes están detrás de los grupos empresariales que gestionan los hospitales cuya gestión está actualmente privatizada en nuestro país? Según el artículo que publicó Luisa Lores el 8 de noviembre en nuevatribuna.es, y Guillermo Abril y Jaime Prats en EL PAÍS, el 6 de enero, gente como CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo, o el fondo de inversión, también británico, Dogthy Hanson, o la sociedad Goodgrower, o el grupo BUPA International Health Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria de Reino Unido, por no hablar de instituciones financieras como Caixa Catalana, la CAM y Bancaja / Bankia. Si exceptuamos a estas últimas, ninguno de ellos se caracteriza por meterse en negocios que pierden dinero. Lógicamente, como cualquier inversor, lo que buscan es obtener el mayor margen de beneficio posible, beneficio que para el Estado y los usuarios que lo pagan supondrá por supuesto un coste al que no tienen que hacer frente con el modelo público.

Como cualquier inversor,
las empresas de gestión
hospitalaria buscan el
mayor margen de beneficio

Lo que argumenta el Plan de Medidas de la Comunidad de Madrid es que el coste total de asistencia sanitaria en los hospitales con el modelo propuesto sería de 441 euros por habitante, frente al de los hospitales de gestión mixta, que es de 600 euros (700 euros en los de gestión directa). Pero ¿es posible este ahorro de coste, dentro del cual se incluye el beneficio de la empresa, sin que ello sea a costa de deteriorar significativamente tanto las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios como las prestaciones a los pacientes? Es más, ¿de verdad saldrán al final esas cuentas? ¿O pasará lo mismo que con los hospitales construidos mediante colaboración público-privada? Según el informe de la Cámara de Cuentas de la propia Comunidad de Madrid, del 24 de septiembre de 2012, el Gobierno regional ha tenido que aprobar la entrega de más de seis millones de euros a las empresas concesionarias para evitar el riesgo de colapso financiero, y aún existen numerosos recursos contencioso-administrativos interpuestos por las mismas, reclamando distintas cantidades y pendientes de resolución judicial.

Todo lo anterior no significa que no haya que hacer nada para mantener nuestra sanidad al nivel que nos ofrece hoy. En este sentido, creo que lo más acertado sería profundizar en las líneas estratégicas acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del 18 de marzo de 2010: control del gasto farmacéutico (modificación del sistema de precios de referencia, rebaja de precios de medicamentos genéricos y fijación de precios máximos para medicamentos de síntomas menores), establecimiento de un procedimiento de compras agregadas para el conjunto del sistema, desarrollo de estrategias educativas, informativas y organizativas que ayuden a moderar la presión asistencial.

Lo que no resulta admisible es que, aprovechando de forma oportunista la crisis que sufrimos, y que ha puesto al descubierto las insuficiencias de un sistema tributario irracional y agujereado por el fraude, comience a desmantelarse un sistema sanitario que a nivel mundial se toma a menudo como modelo. Mientras aquí hacemos esto, Obama fichó al anterior Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco para que le asesore en sus próximas reformas.

El mal gobierno ha erosionado, sobre el fondo de la crisis, las instituciones representativas "La destrucción de la democracia"

En el 60º aniversario de la muerte de Stalin, conviene recordar la complejidad de su estrategia de destrucción de la democracia, llevada a cabo en los países ocupados por el Ejército soviético entre 1945 y 1948. A diferencia de Lenin, Stalin era consciente del apego de los trabajadores europeos a las instituciones representativas, algo que no había sucedido en la Rusia zarista. Allí el salto fue bien fácil. Había, pues, que desmantelar la democracia representativa desde su interior hasta alcanzar el monopolio de poder de los partidos comunistas, que acabara convirtiendo las “democracias populares” en sucedáneos de la dictadura del proletariado.

Desaparecida la URSS, la reducción progresiva del espacio democrático ha seguido un itinerario similar en las vías hacia el autoritarismo seguidas tanto en la Rusia de Putin como en la constelación chavista de Latinoamérica. Sin olvidar la vergüenza que para la UE representa la Hungría de Viktor Orban. Las elecciones sobreviven, pero mediatizadas por el creciente control desde el poder de las instituciones —jurídicas, militares— así como de los medios de comunicación, sustituyendo la limitación de mandatos por la perpetuación en el poder del líder carismático, una y otra vez reelegido a favor de un cerco a la oposición como el que en plena histeria registra hoy Venezuela, acentuado incluso tras morir Chávez.

En Europa occidental, sobre fondo de la crisis económica, la erosión de la democracia ha sido causada por el mal gobierno. Tanto en Italia como en España, el desenvolvimiento del proceso degenerativo ha sido de naturaleza fundamentalmente política, y en ambos casos ha provocado un divorcio perfectamente justificable entre la opinión pública y la clase política, con el efecto inmediato de quebrar la adhesión de los ciudadanos a la democracia representativa.

De nuevo entre nosotros “España real” frente a “España oficial”, instalada además esta sobre la basura de una corrupción con implicaciones políticas que afecta a los dos grandes partidos, PP al frente —Gürtel, Bárcenas, Sepúlveda— y que por consiguiente los mismos evitan cuidadosamente analizar, salvo cuando un escándalo sirve para atacar al adversario. Resulta además asombroso comprobar hasta qué punto desprecian las demandas bien concretas procedentes de la sociedad. Solo cuenta para los líderes, con particular incidencia catastrófica sobre el PSOE, llegar a las siguientes elecciones. Del PP, qué decir, salvo que únicamente rectifica —privatización de la sanidad— ante las incesantes movilizaciones. Estas siguen siendo el único cauce para defender la democracia.

Es aquí donde entra en escena el Movimiento 5 Estrellas de Grillo, en aplicación del criterio de oportunidad política. Como en 1917, como en la caída del sah. El protagonismo de la red parece hacer hoy realizable el sueño rousseauniano de eliminar la representación política, por una democracia directa que fije desde la base social las decisiones, la llamada democracia líquida. Solo que en 5 Estrellas, el movimiento está sometido a un centro de poder personal, Beppe Grillo, con la asistencia de su cerebro informático (Casaleggio). El antipoliticismo, de evocación ácrata, funciona en los nuevos grupos de afinidad locales (meet-up), pero, como se ha visto, no en las opciones estratégicas trazadas desde su blog por Papá Pitufo Grillo (él llama Gargamel a Bersani) y exigidas a diputados y senadores, sin posible disidencia: son transmisores, ahora con comisarios informáticos a su lado, para evitar fugas de conciencia. Sin atender a la gravísima situación italiana, el payaso-dictador ordena la eliminación de todo compromiso con las reformas; así el centro-izquierda de Bersani es su blanco principal y Berlusconi su gran beneficiario. Su consigna frente a los demás es “Vaffanculo!”. Él mismo se la tiene bien ganada; la desesperación social le ampara y legitima.En Italia, el marasmo viene de atrás, a partir de la crisis de la Tangentópolis en los noventa, y fue resuelta mediante la instauración de la “videocracia”, una forma degenerativa de poder asentada sobre la colusión entre intereses económicos, corrupción y monopolio de la imagen. Todo ello en manos de un auténtico tahúr de la economía, del sexo y de la política. Dispuesto, llegado el caso, como en la escena final de Il caimano, de Nanni Moretti, a hacer saltar todo por los aires si los jueces le condenan. Dado su predominio político desde 1994, la degradación alcanzó a todo el sistema, y ni siquiera los recientes esfuerzos del centro-izquierda por potenciar la democracia interna han logrado atenuarla.

La explosión de pluralismo de la red desemboca así en un grado máximo de manipulación, al servicio de una “democracia de la plaza pública” en torno a un Líder. A la destrucción de la democracia acompaña la inevitable deshumanización de los enemigos —políticos, prensa, sindicatos— para los grillini, y de estos en sí mismos, privados de capacidad de pensar y decidir.

Con Berlusconi lanzado al asalto y Monti encarnando la frustración, sorprende que incluso el presidente Napolitano haya perdido el rumbo, desde el día en que avaló implícitamente el asalto de los berlusconianos al Tribunal de Milán, llamando a capítulo a la magistratura. En el encargo para formar Gobierno, ha optado por la equidistancia, condicionando al máximo a Bersani. Berlusconi, exultante. Triste final de mandato y callejón sin salida.

La pertenencia a Europa no ha significado que se impongan sus estándares de razón y legalidad

Si según Karl Popper una sociedad abierta se caracteriza por ser “una asociación de individuos libres que respetan los derechos el uno del otro dentro del marco de la mutua protección proporcionada por el Estado y que logra, mediante la toma responsable y racional de decisiones, una vida más humana y rica para todos”, entonces España ha fracasado estrepitosamente.

Dejando de lado lo engorroso de la definición (incluida quizá la traducción del propio articulista), lo que ponen de manifiesto los últimos acontecimientos de presunta corrupción que han indignado hasta el límite a la opinión pública española (empezando con Iñaki Urdangarin, pasando por Amy Martin y Carlos Mulas y acabando con Luis Bárcenas) es que vivimos en un coto cerrado en el que los mayores enemigos de las sociedades abiertas, los Gobiernos, las partitocracias y las oligarquías económicas, han sabido sacar provecho de un viejo patrón organizativo de las sociedades mediterráneas llamado clientelismo, o caciquismo en su versión más castiza.

El clientelismo es, no nos engañemos, una variante o sucedáneo de la corrupción. Es una forma de organización social que se salta las fronteras geográficas, llamado rousfeti en Grecia y de la misma forma en Italia y Portugal, y une en un mismo destino a los países del sur de Europa y a los latinoamericanos. La principal consecuencia que el clientelismo tiene en la vida de los ciudadanos es que el acceso a determinados recursos es controlado por una serie de patrones, cuya condición viene determinada por tratarse de políticos, detentadores de poder económico o ambas cosas a la vez, que reparten dádivas a sus clientes a cambio de su apoyo. Es un fenómeno social con raíces profundas en nuestro país, heredado de los tiempos feudales en que una mayoría de la población campesina dependía de los latifundistas.

La pertenencia o proximidad a un partido facilita en España llegar a determinados puestos

La longevidad del fenómeno clientelista en una sociedad como la española solo puede explicarse como una carencia de capital social (usando el término del sociólogo francés Pierre Bourdieu, referido a la suma de los recursos con los que cuenta cada individuo en virtud de sus relaciones personales) de una mayoría de la población que carece de acceso a los centros de poder mediante un mercado libre, unas instituciones políticas representativas o un sistema legal igual para todos. Al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando un atajo que le permita saltarse las barreras sociales. Este atajo puede consistir en entrar a formar parte de un partido político o, si se ofrece la posibilidad, aprovechar las conexiones familiares que uno tiene a mano.

El clientelismo, en suma, vendría a ser una respuesta a la persistencia de tradicionales estructuras sociales jerárquicas que alienan al individuo y caracterizan a las sociedades cerradas. Esta cruda naturaleza de las desigualdades sociales se expresa incluso en Norteamérica, paradigma de las sociedades abiertas, con el famoso dicho It is not what you know, it is who you know (“No es lo que uno sabe, sino a quién conoce”) que en román paladino vendría a equivaler que un buen enchufe vale más que una carrera.

En las sociedades regidas por una lógica clientelista los niveles de protesta tienden a ser más bien escasos. El individuo acepta las situaciones injustas, tiende a desconfiar del Estado y de las instituciones y a buscar la solución individual renunciando a la lógica, la racionalidad o la aplicación de las leyes. La lógica clientelista salpica a la sociedad en su conjunto y no solamente a los políticos o los empresarios. De la misma forma que determinadas empresas que querían beneficiarse de subvenciones o fondos públicos se aliaron con uno de los “patronos”, por ejemplo Iñaki Urdangarin o Luis Bárcenas and company, para compartir juntos el botín, el resto de los ciudadanos también tratan de saltarse las reglas del sistema. Que tire la primera piedra, por ejemplo, quien no ha conocido a alguien en lista de espera que, tras ponerse en contacto con un familiar o un conocido, ha logrado ser operado antes, pasando por encima de aquellos que se encontraban por delante de él en la misma lista desde la absoluta comprensión de sus allegados.

Lo cierto es que la vida de las empresas y cualquier organización en nuestra sociedad depende en gran medida de sus relaciones con el Gobierno o los partidos políticos que han asumido muchas de las funciones de los patrones individuales en el pasado. De hecho, los partidos políticos que, no olvidemos, se financian en buena parte con el dinero de los ciudadanos, son la piedra angular del clientelismo. No dejan de ser el equivalente contemporáneo, en términos de movilidad social, de lo que era el clero y la milicia en tiempos pasados al estar en muchos casos integrados por personas de escasa formación que ven en la política una posibilidad de progreso social en ausencia de otro tipo de méritos.

La indignación creciente de la opinión pública española no es solo un suceso puntual como respuesta a unos acontecimientos de corrupción y nepotismo que se acumulan en tiempo de crisis acuciante. Es sobre todo una reacción de hartazgo y de decepción ante una realidad indubitable: España sigue siendo una sociedad cerrada y dual como siempre ha sido aunque de vez en cuando se den algunos Antonios Alcántara (el personaje de Imanol Arias en Cuéntame lo que pasó). Si alguna vez hubo un ascensor que permitía el ascenso (y se supone que la caída también) social de los individuos, este se averió hace mucho tiempo. España sigue pareciéndose al reino en el que, parafraseando a la reina del relato Alicia en el País de las Maravillas, da igual que uno corra lo más rápido que pueda, ya que hay muchas posibilidades de permanecer en el mismo lugar.No era este necesariamente el caso de Carlos Mulas y Irene Zoe Alameda. Muy al contrario, ambos tienen doctorados en universidades de prestigio y son beneficiarios directos del célebre cierre de clase weberiano, es decir, del afán de las clases privilegiadas de subir los requisitos para poder pertenecer a ellas que en España hoy día se traduce, debido al descrédito de la universidad local, a que las familias pudientes manden a estudiar a sus chicos a universidades de élite generalmente norteamericanas para seguir manteniendo las distancias sociales. Para qué engañarse, cualquiera mínimamente versado en el mundo académico norteamericano sabe que obtener un doctorado en una universidad de prestigio, sobre todo si se viene del extranjero, depende tanto de los méritos académicos como de la solvencia económica. Pero incluso teniendo en cuenta sus favorables circunstancias de partida, Mulas y Alameda entendieron que la pertenencia o proximidad a un partido era un camino mucho más corto de acceder a determinados puestos adjudicados por criterios más políticos que profesionales (como por ejemplo el de director de la sede del Instituto Cervantes en Estocolmo o el de asesor del FMI). En lo que su caso no se distingue en absoluto de muchos otros es en la lógica cínica (alguno de los artículos de Amy Martin versaba sobre el hambre en Somalia) y familiarista (enchufar a la mujer) típica de las maniobras clientelares.

El viejo sueño de que la pertenencia a Europa impondría unos estándares en los que regiría la razón y la legalidad en nuestra sociedad parece haberse desvanecido. Ni siquiera la dictadura de la eficacia que parecía traer aparejada la globalización ha logrado alterar el sistema de relaciones que rige en nuestras instituciones. Desafortunadamente, como afirma el politólogo italiano Caciagli, el clientelismo tiene raíces profundas. Implica “un lenguaje, unos ritos, unos valores y símbolos, pautas de comportamiento y redes de relaciones aceptadas por una comunidad que comparte una mentalidad”. Se adapta bien a la mentalidad posmoderna siempre en búsqueda de soluciones flexibles orientadas a satisfacer las necesidades individuales, al declive de las ideologías, a la fuerza de lo local y a la personalización de la política. El cerrojo está bien echado y sus beneficiarios lo saben.

En sociedades con frágiles mecanismos democráticos, al individuo sin capital social no le queda más remedio que conectarse a redes de influencia buscando atajos para superar sus carencias. Y se impone la corrupción

Cifuentes, como la gran audacia de Aznar, que arriesgó su propia vida invadiendo Irak mientras apoyaba los pies en la mesa de cristal de uno de los más sanguinarios presidentes de la historia de los EEUU.

Cuando el PP, sus dirigentes, se sienten acorralados (las acciones de la PAH les debe estar tocando mucho las narices) utilizan la estrategia del desprestigio, que luego sus mamporreros mediáticos se encargan de difundir. El objetivo de esas estrategias, que siempre son las mismas, es intentar despistar al ciudadano y enardecer a las basas más ultras del partido (los mismos que gritan, insultan y zarandean a políticos que no son de su cuerda).
Cuando se pasan de frenada y alguien les planta cara, como Ada Colau, demuestran de la pasta de la que están hechos estos peperos en el poder, de la pasta de la cobardía. Como se pudo escuchar ayer, cuando la rubia a la que se hace referencia , reculó de manera cobarde ante la amenaza de una demanda.
Yo diría que con ese dinero han parado el desahucio de algunas familias. Unas cuantas. Y en cualquier caso, intentar que 500 familias al día no se queden en la calle.

Aún estoy esperando que me diga el PP qué ha hecho con los 40.000 MILLONES de euros (aclaro, 10.000 veces más dinero) que les hemos prestado todos. O cuándo van a devolver al heraldo público los 32 millones que nos robó Bárcenas gracias a ellos. O que Ana Mato, profesión señora de alcalde por aquel momento, me explique cómo sus hijos tienen payasos en sus cumpleaños, cuando hay niños en España que no tienen ni fiestas de cumpleaños. Que me expliquen dónde está el "welfare aquí" y cómo la bajada de 0,0000000000.... puntos en la prima de riesgo mejora la situación e esos ciudadanos que tanto les importan.

Y ya puestos, que me expliquen algo. Aunque sea mal y de forma torpe como De Cospedal. Que ya hace dos meses que no me explican nada.

Nos acabamos de enterar por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de que Ada Colau y en general todos los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son de la ETA. Acabáramos. Cifuentes es el caso más claro que conozco de que, contraviniendo la clásica boutade machista, no todas las rubias son tontas. Yo, en mi cortedad, consideraba hasta hoy que la única similitud entre la ETA y la PAH es que ambas organizaciones solo presentan cierta reticencia a abandonar sus respectivas armas. Pero por eso yo no soy rubia ni delegada del Gobierno. Ni tampoco de la ETA. Al final la realidad acaba desvelándote las razones ocultas de estas cosas menudentes que te privan de ciertos cargos públicos o privados.

Los gobiernos, dirigentes y adláteres mediáticos del PP siempre han sido grandes maestros a la hora de desambiguarnos las percepciones equívocas. Sin ellos jamás hubiéramos sabido que Rubalcaba es el 11-M en persona, que Aznar es un gran estadista,  ni que Corinna no es Pepiño Blanco ni trinca de las gasolineras, sino de las petroleras.

La derecha española ha cambiado poco desde los tiempos de la conjura judeo-masónica. En los tiempos bonancibles del añorado Franco, nuestra derecha había venido desarrollando una impecable capacidad de etiquetado con los enemigos, fueran los citados judíos o la pertinaz sequía. Cifuentes lleva razón. Ada Colau debe de ser de la ETA, pues ni siquiera respeta su propio derecho constitucional a una vivienda digna. Una persona que ni siquiera respeta ese apartadito de la Constitución, es que no es ni demócrata ni es nada. Es de la ETA, lo dicho. Y a lo que aspira, en vez de a tener una vivienda digna, es a vivir de gratis en la cárcel con el dinero de todos los contribuyentes.

Cuando Cristina Cifuentes dice de Ada Colau que es de la ETA, no es comparable, por ejemplo, a que dijera yo aquí que a Cifuentes solo le falta dejarse bigote para escribir Mein Kampf  y ponerse a incinerar judíos o, en el caso concreto que nos ocupa, darle vuelta y vuelta en la barbacoa a un par de desahuciados. Si yo dijera eso, podría ser llevado ante los tribunales de nuestra independiente justicia y ser castigado a pagarle el tinte de rubia a la Cifuentes durante los próximos 30 años. Pero cuando se dicen verdades tan incontestables como la expresada por Cifuentes, de que Colau es simpatizante de la ETA, presenta tal cantidad de pruebas irrefutables que no ha lugar a la participación de la ciega.

Si yo dijera, otro ejemplo, que Cifuentes es una ignorante fascista que ha reprimido de manera salvaje el derecho a manifestación del pueblo, también incurriría en tremendo delito de infamias y perjuraciones, si tal palabra existiere, y merecería inmediato ingreso en la Gürtel y en sus nuevas oficinas.

Ítem más. Si asegurara aquí que Cifuentes es tonta del bote de tinte, no solo estaría menospreciando una inteligencia que debemos medir más en la escala de Ritcher que por la de Wessler, sino que me arriesgaría a infravalorar el inmarcesible honor de esta delicada musa del mamporro educativo, que tantos réditos intelectuales ha aportado a los diez millones de votantes de nuestro partido en el gobierno.

La valentía de Cifuentes a la hora de denunciar la filiación etarra no solo de Ada Colau, sino también de todos los miembros de la PAH, unicamente tiene parangón, en nuestro pasado reciente, conNos acabamos de enterar por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de que Ada Colau y en general todos los de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son de la ETA. Acabáramos. Cifuentes es el caso más claro que conozco de que, contraviniendo la clásica boutade machista, no todas las rubias son tontas. Yo, en mi cortedad, consideraba hasta hoy que la única similitud entre la ETA y la PAH es que ambas organizaciones solo presentan cierta reticencia a abandonar sus respectivas armas. Pero por eso yo no soy rubia ni delegada del Gobierno. Ni tampoco de la ETA. Al final la realidad acaba desvelándote las razones ocultas de estas cosas menudentes que te privan de ciertos cargos públicos o privados.

Los gobiernos, dirigentes y adláteres mediáticos del PP siempre han sido grandes maestros a la hora de desambiguarnos las percepciones equívocas. Sin ellos jamás hubiéramos sabido que Rubalcaba es el 11-M en persona, que Aznar es un gran estadista,  ni que Corinna no es Pepiño Blanco ni trinca de las gasolineras, sino de las petroleras.

La derecha española ha cambiado poco desde los tiempos de la conjura judeo-masónica. En los tiempos bonancibles del añorado Franco, nuestra derecha había venido desarrollando una impecable capacidad de etiquetado con los enemigos, fueran los citados judíos o la pertinaz sequía. Cifuentes lleva razón. Ada Colau debe de ser de la ETA, pues ni siquiera respeta su propio derecho constitucional a una vivienda digna. Una persona que ni siquiera respeta ese apartadito de la Constitución, es que no es ni demócrata ni es nada. Es de la ETA, lo dicho. Y a lo que aspira, en vez de a tener una vivienda digna, es a vivir de gratis en la cárcel con el dinero de todos los contribuyentes.

Cuando Cristina Cifuentes dice de Ada Colau que es de la ETA, no es comparable, por ejemplo, a que dijera yo aquí que a Cifuentes solo le falta dejarse bigote para escribir Mein Kampf  y ponerse a incinerar judíos o, en el caso concreto que nos ocupa, darle vuelta y vuelta en la barbacoa a un par de desahuciados. Si yo dijera eso, podría ser llevado ante los tribunales de nuestra independiente justicia y ser castigado a pagarle el tinte de rubia a la Cifuentes durante los próximos 30 años. Pero cuando se dicen verdades tan incontestables como la expresada por Cifuentes, de que Colau es simpatizante de la ETA, presenta tal cantidad de pruebas irrefutables que no ha lugar a la participación de la ciega.

Si yo dijera, otro ejemplo, que Cifuentes es una ignorante fascista que ha reprimido de manera salvaje el derecho a manifestación del pueblo, también incurriría en tremendo delito de infamias y perjuraciones, si tal palabra existiere, y merecería inmediato ingreso en la Gürtel y en sus nuevas oficinas.

Ítem más. Si asegurara aquí que Cifuentes es tonta del bote de tinte, no solo estaría menospreciando una inteligencia que debemos medir más en la escala de Ritcher que por la de Wessler, sino que me arriesgaría a infravalorar el inmarcesible honor de esta delicada musa del mamporro educativo, que tantos réditos intelectuales ha aportado a los diez millones de votantes de nuestro partido en el gobierno.

La valentía de Cifuentes a la hora de denunciar la filiación etarra no solo de Ada Colau, sino también de todos los miembros de la PAH, unicamente tiene parangón, en nuestro pasado reciente, con la gran audacia de Aznar, que arriesgó su propia vida invadiendo Irak mientras apoyaba los pies en la mesa de cristal de uno de los más sanguinarios presidentes de la historia de los EEUU. Ahí se ve dónde hay cojones. Eso un tío sin arrojo no lo haría ni borracho.

La PAH debería ser rebautizada como Ada Ta Askatasuna tras estas esclarecedoras y bellas palabras de Cifuentes, que siempre dice verdades tan grandes como los puños de los policías que envía a machacar los labios del pueblo cada vez que el pueblo intenta abrir la boca en la calle para demandar sus imaginarios derechos. Para que después a alguien se le ocurra decir que las rubias sois tontas, Cris, o sea. No cejes, que’jpaña te necesita. Ahí se ve dónde hay cojones. Eso un tío sin arrojo no lo haría ni borracho.

La PAH debería ser rebautizada como Ada Ta Askatasuna tras estas esclarecedoras y bellas palabras de Cifuentes, que siempre dice verdades tan grandes como los puños de los policías que envía a machacar los labios del pueblo cada vez que el pueblo intenta abrir la boca en la calle para demandar sus imaginarios derechos. Para que después a alguien se le ocurra decir que las rubias sois tontas, Cris, o sea. No cejes, que’jpaña te necesita.