La farsa macroeconómica.

    A partir del 26 de abril la fase política empieza a transmutarse en farsa macroeconómica. Como rasgos incipientes de esta fase pueden indicarse confusos planes de estabilidad a medio plazo, ayunos de cualquier racionalidad y la indiferencia con que se asumen desde el Gobierno las mayores contradicciones en su proyecto económico. No se cuidan ni las formas, signo que Azorín identificaría con un estado de ánimo desesperado. La política de supuestas reformas, simples recortes invertebrados en su mayoría, está agotada, por ineficaz, por costosa en términos sociales y porque la ciudadanía ha dejado de creer en ella. Ha interpretado correctamente que se trata de un engaño.

Hasta finales de abril, el equipo económico del Gobierno había manejado con soltura e impasibilidad  un discurso económico consistente en entretener a la ciudadanía, a los inversores y a los vigías de Bruselas con bagatelas sobre las reformasestructurales
El signo de la nueva farsa brotó en el Consejo de Ministros del citado 26 de abril, fecha en la que se anunció la revisión de un nuevo cuadro macroeconómico encaminada a describir mejor la realidad deprimente de la economía y ganar credibilidad ante los inversores y Bruselas sobre los nuevos plazos del plan de estabilidad financiera.
 ¿Pretenden los ministros económicos decirnos que las empresas españolas seguirán sin invertir en España durante los próximos años, porque eso es básicamente lo que significa un aumento de la capacidad de financiación, que invertirán fuera y que, por tanto, no habrá crecimiento? En ese caso, ¿para que se busca la estabilidad financiera? Con el mismo desahogo, se plantea un marco de estabilidad que prevé un crecimiento sostenido de la deuda, cuando es precisamente la deuda lo que trata de reducir cualquier plan de estabilidad, como hubiera explicado perfectamente Groucho Marx. De hecho, lo único estable del plan es el paro, porque, por las razones apuntadas, la tasa no bajará del 27% hasta más allá de 2016
La evolución económica que se propone es un ataque a la verosimilitud y, entre líneas, la prueba evidente de que el Gobierno ha caído en la histeria, que no es otra cosa que negar la verdad (la incompetencia para afrontar la crisis) y un encerrarse en el simulacro. Su gestión del ajuste presupuestario ha fracasado, y así lo demuestra la incapacidad para corregir el déficit. Bien analizadas las cuentas, no sería en 2012 del 6,98% del PIB, como con énfasis triunfal anunciaron el presidente y el ministro de Hacienda, sino de aproximadamente el 8%, porque del cálculo final del déficit se han hurtado al menos la imputación de 11.000 millones, correspondientes a los 7.000 millones que el Gobierno retiró del Fondo de Reserva de las Pensiones y otros 4.000 millones de retiraron de las Mutuas; 11.000 millones que deberían figurar en el debe de las Administraciones públicas. Si se argumenta que el Fondo de Reserva “para eso está”, la respuesta es que solo debe emplearse si se admite que el déficit es estructural; si es coyuntural, como sostiene, aquejado de psitacismo, casi todo el Gobierno, el Fondo no se debe tocar. Si además se incluyeran las ayudas a las instituciones financieras (3,65% del PIB), resulta un déficit aproximado de las AA PP en 2012 del 11,63% del PIB.
La solución política de un Gobierno noqueado por una crisis que no comprende, es culpar al Banco Central Europeo. Que resuelva el problema Draghi con inundaciones de liquidez, tipo de interés cero y financiación ilimitada a las empresas; este es el nuevo mensaje después de la declaración implícita de incompetencia. Pero en la memoria están la sumisión faldera a las exigencias de recorte del gasto promovidas desde Berlín, la seriedad con que desde los ministerios se defendía la austeridad o la banalidad esa de “no hay que gastar más de lo que se tiene” y la convicción con que se han mutilado gasto público y derechos en sanidad y educación.
El Gobierno aplicó una política económica con “demasiados dogmas y poca moral”; con el agravante fatal de que ha sido incapaz de ejecutarla.

Un chorizo por cada político imputado

Hoy juega España su segundo partido en el Mundial, porque España se la está jugando como nación puntera desde hace mucho tiempo. La reforma laboral nos trae locos a todos, incluso a los que ya estaban algo majaras antes de emprenderla. Cuando no hay soluciones ideales hay que adoptar las menos malas y en algunos casos, las menos pésimas, pero nadie se pone de acuerdo en el reformatorio: ni los huéspedes más rebeldes ni los más sumisos. El ministro de Trabajo, que empieza a inspirar una cierta conmiseración, se esfuerza por no engañar a nadie. Puede poner un letrero en su ministerio como aquel que se cuenta que escribió el propietario de un cafetín del Oeste: «Prohibido disparar contra el pianista. El pobre hace lo que puede».

¿Qué va a hacer don Celestino Corbacho? Sabe que la reforma laboral no es para crear empleo, sino para impedir que se destruya, pero además sabe otra cosa: que es absolutamente necesario hacerla y que debió hacerse mucho antes. ¿Cómo pueden salvar su trabajo los 57.000 «liberados» de los sindicatos? Nos cuestan a los que no hemos conseguido liberarnos unos 1.600 millones de euros al año. ¿No serán demasiados? Es como si para ordenar la circulación hubiera más guardias que peatones y que automovilistas. Sólo habría una solución, que incluiría no sólo a los manumitidos, sino a los virreinos autonómicos: que los que han robado restituyeran el producto de sus robos. Desdichadamente la restitución no se lleva, se considera de mal gusto desprenderse de lo que no era suyo. Hemos llegado a la conclusión, en el mejor de los casos -'caso Roca, el saqueador de Marbella', o 'caso del Palau de la Música de Barcelona'- de que admitiendo que el robo es punible, su producto se considera sagrado. Quizá algunos de nuestros notorios granujas debieron ingresar en el reformatorio. Hay quien cree que el ser humano es corregible.

Si el crecimiento se basa en la banca y las finanzas no creará empleo .

He leído que la presidenta del banco malo ha cobrado en su primer mes de trabajo casi 33.000 euros. Eso equivale a la paga de 20 funcionarios. ¿Cuántos directivos hay en la Administración que cobren esos sueldos?, ¿y por qué?

El argumento de que en la empresa privada se cobra más y, que si no se igualan los sueldos, los directivos no quieren trabajar en la empresa pública no me parece válido; que se vayan a la privada.

No creo que la Administración necesite fichar a esos ejecutivos estrella que ya hemos visto cómo han conducido el Banco de España, Bankia, o a las cajas de ahorros. Necesitamos administradores menos rutilantes y más eficientes. De este último tipo y por una décima parte del sueldo de esa señora, hay muchos en España. Y si luego se quieren ir a la empresa privada, no hay problema, que se vayan; eso sí, sin indemnización.

Tal vez, señora Aguirre, antes de adelgazar la Administración, como usted recomienda a Mariano Rajoy, deberíamos poner a dieta los sueldos de algunos administradores.—

P. ¿Tienen los Gobiernos que inyectar dinero público para reactivar la economía o no?

R. Los Gobiernos europeos han empeorado la situación, aplicando una política de austeridad en vez de estimular la economía. Pero si quieres inyectar dinero te has de preguntar cómo. Es muy diferente dar dinero a los bancos que construir carreteras o escuelas. Ahora es muy necesario promover el crecimiento. Ha sido necesario durante cinco años. Necesitamos una economía de crecimiento, pero también un ajuste hacia sectores que crean puestos de trabajo. Si el crecimiento se basa en la banca y las finanzas no creará empleo suficiente para resolver el problema del paro juvenil que tiene España.

P. ¿Por qué hay que salvar un banco, pero no una planta de automóviles?

R. Eso nos preguntamos todos. Los bancos fueron salvados por una combinación de buenas y malas razones. La buena es que están tan interconectados que la crisis habría sido mucho peor si no eran rescatados. Pero hay diferentes formas de salvarlos. Y la mala razón es que la gente que tomó la decisión de salvarlos era demasiado cercana a la élite bancaria e hizo cosas que beneficiaban a esa élite. La gran beneficiada del rescate ha sido la gente que tenía mucho dinero en los bancos, que estaba atada al régimen crediticio. Básicamente, hemos evitado que los tenedores de bonos tuvieran que aceptar recortes en sus beneficios. No hemos salvado realmente a la gente corriente.

En 2009, el Producto Interior Bruto (PIB) alemán sufrió una brutal caída del 5% que, sin embargo, no provocó un desastre acorde en el mercado laboral. La gran coalición (2005-2009) entre la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Angela Merkel y el partido socialdemócrata de Alemania (SPD)aprobó un ambicioso programa de subsidios a las empresas que evitaran despedir a la mano de obra sobrante. El llamado kurzarbeit supone la reducción total o parcial de las horas de trabajo para una parte de la plantilla de las empresas que lo soliciten por problemas económicos. La Agencia Federal de Empleo suple las pérdidas salariales (totales o parciales) en un 67% o 60%, según los trabajadores afectados tengan o no niños u otras personas a su cargo. El trabajador sigue en la nómina de la empresa y no cuenta en las estadísticas de paro.

En el año de la gran recesión, el período máximo para obtener estos subsidios se prolongó hasta los 24 meses. Con la recuperación fueron acortándose los plazos: en 2010, las empresas podían pedir el subsidio por 18 meses. En 2011, por 12 meses. En 2012 quedó en 6 meses. El fuerte enfriamiento económico de finales del año pasado llevó a la actual coalición de centroderecha a alargar el plazo hasta los 12 meses otra vez.

El número de empresas solicitantes también ha ido variando con los vaivenes económicos. En 2009 y 2010, el número de trabajadores afectados por la medida llegó a rondar el millón. Cayó hasta los 40.000 en 2012, pero el retroceso del PIB a finales del pasado año provocó un repunte drástico hasta los 106.000 de enero y los 102.000 de febrero.

Los sindicatos, la patronal y los principales partidos políticos apoyan estos subsidios como receta contra el paro. Las empresas se evitan perder trabajadores bien formados, experimentados y ya hechos a los procesos internos de la compañía. Los empleados se evitan el golpe del desempleo y el engorro de buscar trabajo en tiempos de problemas económicos. Los partidos evitan la alarma social y el descontento que provoca el aumento del paro.

Su principal pega es que el kurzarbeit solo vale para trabajos especializados con sueldos acordes a la productividad. No habría evitado la destrucción masiva de empleo provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española, porque la mayoría los puestos perdidos eran de escasa especialización. Las empresas afectadas pueden despedir a estos trabajadores sin un gran esfuerzo económico desde la reciente reforma laboral española y, en el caso aún lejano de que las cosas vayan mejor en el sector, contratar otros trabajadores con sueldos más bajos que los de los años del boom.