Tras los planes de reforma educativa anunciados por el ministro Wert, uno se pregunta qué es lo que en verdad pretende este Gobierno en materia de enseñanza. Si por algo se caracterizó don José Ignacio desde que se hizo cargo de su cartera, fue por proclamar, muy alto y muy claro, una obviedad: la muy deficiente calidad de enseñanza que existe en este país. Sin embargo, hasta el momento sus mayores afanes y desvelos tuvieron que ver con los recortes, tratando de explicarnos lo inexplicable, es decir, que más alumnos por aula y menos docentes en los centros no significaba merma alguna en el proceso de aprendizaje. Toda una cuestión de fe.
Y hace muy pocos días nos sorprendió con sus «innovadores» planes de reválida. Si damos por hecho que las susodichas pruebas serán acordes con los conocimientos alcanzados en las distintas etapas, a lo que estamos asistiendo es a un ejercicio lampedusiano, por lo demás, muy torpe. Se trataría, muy al contrario, y el señor Ministro lo sabe muy bien, de que los conocimientos adquiridos por el alumnado aumentasen, no de dejar las cosas como están, con un examen que valide el actual nivel de aprendizaje que, según se certifica de continuo, es manifiestamente mejorable.
Así las cosas, el Ministro que declaró que era irrenunciable modificar a fondo un sistema educativo tan desastroso como el actual, apostando por el esfuerzo y por la excelencia, saca de la chistera una planificación lampedusiana que es toda una garantía de que las cosas sigan igual.
Sería una injusticia inaceptable no elevar el listón de exigencia en los programas y que luego les esperase a los examinandos la criba de una prueba dura. Habría que saber, por otro lado, dónde se celebrarían esas pruebas de reválida y quién las corregiría.
Con o sin reválidas, los planes de estudio necesitan ser reformados a fondo. Por otro lado, hace falta que cambie el ambiente en las aulas, de tal modo que se puedan transmitir conocimientos e impartir clases en condiciones dignas. Es decir, que se arbitren soluciones, reales y no burocráticas, para aquellos alumnos y/o alumnas (siempre una minoría muy exigua, en contra de lo que a veces se dice), de tal modo que no se pisotee el derecho del profesorado a impartir clase y, sobre todo, el derecho del resto del alumnado a recibirla. Hora va siendo ya de que se arroje la demagogia al contenedor. Lo progresista no es el caos en las aulas y el miedo al conocimiento. La enseñanza obligatoria y gratuita hasta los 16 años fue una medida plausible y socialmente avanzada, lo que pasa es que se encuentra huérfana de medidas correctoras que ya es momento de poner en práctica. Y lo que anuncia el señor Ministro parece estar muy lejos de ser una solución.
Y, aunque nadie parece recordarlo, creo que fue en 2002 cuando la última ministra del ramo gobernando Aznar, doña Pilar del Castillo, propuso implantar pruebas de reválida, medida que no llegó a llevarse a cabo.
Se diría que el PP y el PSOE, el PSOE y el PP, también en materia educativa, propenden a imitarse a sí mismos. Y así nos va, don José Ignacio, así nos va.
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