Cronicas de la NADA; los malos eran los comunistas.

No existe partido político, sindicato ni movimiento social relevante, estudiantil, étnico, cultural, de género o ecologista que no sea objeto de infiltración por parte de los servicios de inteligencia y agencias de seguridad nacional. La razón de Estado ha sido el argumento para llevar a cabo esta función de gobernabilidad centrada en prever, controlar o cambiar el rumbo de acontecimientos políticos, económicos y sociales acorde a sus necesidades. Los ejemplos se multiplican en la historia y sorprenden por su trama y objetivos. Desde magnicidios, golpes de Estado, campañas electorales, atentados o secuestros, hasta financiar movimientos religiosos, grupos disidentes, partidos y operativos para descalificar o aupar dirigentes. Sin olvidar su participación en huelgas, actos públicos y manifestaciones. Nada parece interferir en su agenda cuando se trata de encauzar la realidad política en una dirección considerada prioritaria por la agenda del establishment.

No hace mucho, en Madrid, un periodista filmaba la siguiente escena. Al concluir la marcha de protesta del 25-S, un manifestante encapuchado sería objeto de agresión por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales (GEO). Para evitar la paliza, gritaba: "¡¡¡ a mí no que soy compañero, coño!!!". Aun así, hasta que no fue identificado, siguió siendo objeto de puñetazos y patadas. Otro policía sentenció: "calmaos, coño". Poco más que agregar.

¿Qué hacía un policía infiltrado arengando a los manifestantes al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los GEO? La respuesta no está muy lejos. Provocar, generar confusión y justificar la represión policial bajo el argumento de "actuar en legítima defensa". Su objetivo, deslegitimar las protestas sociales democráticas y justificar el cambio en la ley de seguridad ciudadana, que regula el derecho de manifestación, criminalizando y responsabilizando de los subsiguientes posibles atentados contra las fuerzas de seguridad del Estado y la propiedad privada acaecidos durante la convocatoria a sus organizadores. En esta línea ha insistido el Partido Popular desde su llegada al gobierno. Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno en Madrid, declaraba que la "actual ley es muy permisiva y amplia... y habría que modificarla". Tanto el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como sus asesores se hacen eco de ello y redactan la nueva ley que, entre sus 55 artículos, prohíbe manifestarse ante el Congreso, el Senado y las sedes parlamentarias, aumenta la cuantía de las multas y, desde luego, justifica la violencia policial. La última ocasión, con motivo de las marchas de la dignidad del 22 de marzo.