miércoles, 20 de noviembre de 2013

Extraño futuro.




El problema de la clase política actual es que no existe una autoridad que pueda evaluar y penalizar la falta de profesionalidad. Cualquier trabajador (un médico, un maestro, un panadero, un bombero) se somete a diario a una serie de criterios externos que permiten juzgar su trabajo. Cuando este profesional no cumple con los estándares de rigor de su campo, tiene que atenerse a una serie de penalizaciones económicas y legales. Los criterios de evaluación externos son esenciales, porque permiten mantener estándares de calidad y transparencia. Lo curioso es por qué el campo de mayor impacto y responsabilidad de todos, el campo político, está fuera de las exigencias de cualquier otra profesión.
Cinco años después del principio de la crisis, ningún político ha sido juzgado, ha pedido perdón o ha reconocido haber cometido un error. La falta de profesionalidad de los políticos españoles demuestra hasta qué punto tenemos un sistema que no juzga ni penaliza el abuso y la incompetencia. Sin embargo, la falta de profesionalidad tiene un precio: la desigualdad. Cuantas menos exigencias tengamos, más sube la desigualdad. Es un imperativo poner en marcha un sistema de evaluación externa con la autoridad para juzgar el trabajo de un político, igual que el de cualquier otro trabajador. Solo de esta forma España puede tener alguna esperanza de salir de la crisis

Parece que, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, el más alto precio que hay que pagar por el mañana es el presente. Todo empieza a caminar mediante el progreso, dicen los ministros y algunos grandes empresarios. Por eso hoy el 18,4% de los estudiantes españoles de educación secundaria (ESO), es decir, adolescentes entre 12 y 17 años, sufre “privación material severa”. Son datos de la encuesta elaborada por la fundación de raíz católica Adsis entre 2.970 alumnos de 11 comunidades distintas: 546 entre ellos vive en un hogar en el que los padres no tienen trabajo, pasan frío en su casa en invierno, no comen suficientes proteínas y saben que su familia tiene dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca y que no puede hacer frente a imprevistos. Lógicamente, suspenden más que sus compañeros.
El presente, ese que nos llevará a un gran mañana, es que nuestros adolescentes ven el futuro en tonos negros. Aun así, como son chiquillos y chiquillas, la mayoría cree que ellos, personalmente, conseguirán salir adelante. Los datos, las estadísticas de hoy, dicen, sin embargo, que el 25% de ellos se va a quedar en el camino, sin terminar siquiera la secundaria.
El presente es que no existe evidencia alguna de que los poderes públicos estén haciendo algo para mejorar esta situación, incluso ninguna esperanza de que pueda corregirse en un plazo medio. El progreso, tan anunciado por el Gobierno, no incluye planes de emergencia para atajar esa “privación material severa” que padece un número tan abrumador de nuestros adolescentes. Absolutamente nada.
El mensaje que llega a los ciudadanos es que la situación progresa, como demuestra el que la UE considere terminado el programa de rescate de bancos, que la Bolsa suba o que los bancos recuperen sus niveles de beneficios, pero lo que revela la encuesta es que el Gobierno no ha presentado ningún proyecto capaz de hacer aumentar sus ingresos o de revitalizar el mercado de trabajo, lo único que permitiría ofrecer un alivio a ese 18,4% de adolescentes en claro riesgo de exclusión social. La sociedad se limita a contemplar, pasmada, cómo en nombre del futuro se deja hoy definitivamente fuera del camino a miles de esos chicos y chicas a los que llamamos, precisamente, “el futuro”.
Algo más de cuatrocientos de los 2.970 muchachos y muchachas encuestados en el sondeo de Adsis pertenecían a la Comunidad de Madrid. Los datos coincidieron con el anuncio de Ignacio González de que en 2014 bajará la tarifa autonómica del IRPF, para poner, dijo, 226 millones de euros “en los bolsillos de los madrileños”. Pero, según los cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda, quienes están en el umbral de la pobreza no recibirán ni un céntimo, mientras que las rentas más altas dejarán de ingresar en la bolsa común algo más de 3.200.
Los inspectores de Hacienda llevan mucho tiempo señalando que la única manera de aumentar los ingresos fiscales y, consecuentemente aliviar los recortes o financiar programas dirigidos a minorías como los adolescentes de esta encuesta, es o bien impulsar el crecimiento económico o bien reducir el fraude fiscal.
El crecimiento es, a todas luces, minúsculo. El anuncio de González coincidió también con la noticia de que el consumo eléctrico, un buen índice de la actividad económica, ha descendido un 2,5% en los 10 primeros meses de este año respecto a 2012. Y la lucha por aumentar los ingresos fiscales sigue siendo desalentadora: la inspección que hizo Hacienda a Google Spain no consiguió hacerle pagar más que la ridícula cantidad adicional de 1,1 millones de euros.
Las grandes empresas se benefician de enmarañadas desgravaciones previstas en el impuesto de sociedades y terminan pagando el 1% de sus beneficios. Así que poco consuelo van a encontrar los ciudadanos en saber que la gran banca española ha aumentado su beneficio neto en 7.000 millones de euros, porque prácticamente nada de ese dinero va a llegar a sus bolsillos. Ya saben: quizás en el futuro. Hoy, tampoco.