domingo, 9 de noviembre de 2014

Serán los pobres los que trabajen “más y gratis” ahora también para el Gobierno.




Se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Con la caída —aunque físicamente siga en pie como monumento a la libertad— de aquel Muro, la democracia invadió, como las aguas de aquella presa de la película Cuando ruge la marabunta,todo el este de Europa.
Fue maravilloso. Pero paradójicamente con la democracia comenzó a extenderse por el mundo otro muro, aunque invisible, mucho más ancho y largo que la Muralla China: la desigualdad, que separa cada vez más a pobres y ricos. Y no hablo sólo de la desigualdad entre el primer y el Tercer Mundo, sino también, y sobre todo, de esa desigualdad que se ha ido potenciando e incrementando entre los habitantes de las naciones más ricas de la Tierra.
Hoy, en estos países hay gentes que padecen hambre, como si del Tercer Mundo se tratase. Hoy hay familias, en ese primer mundo, con pobreza extrema y al mismo tiempo los ricos son, cada día, más ricos. Todo esto ha ocurrido no porque el liberalismo y el capitalismo sean sistemas económicos poco útiles o poco eficientes, todo lo contrario: son los mejores —diría que los únicos— para crear riqueza. Lo que ha ocurrido es que uno de los principios del capitalismo y del liberalismo que incide en la inoportunidad de los monopolios ha quedado instaurado, contradictoriamente en este sistema. La desaparición de las URSS dejó en manos del capitalismo el sistema económico mundial, sin alternativa, y por tanto el capitalismo se convirtió en un monopolio y, además, universal.
Se destapa un caso de corrupción y el ciudadano X es imputado. Si X es político o tiene que ver con un partido enseguida es arropado por el mismo y se pone en duda el procedimiento judicial. Se habla de persecución instigada por los adversarios políticos. El partido rival pide colaboración con la justicia y apoya al juez, cuando el imputado es de su partido la obstruye y se pone en duda la imparcialidad del magistrado.
Si las pruebas contra X son muy evidentes, su partido lo aparta aunque sigue arropándole bajo cuerda. En ocasiones resulta más práctico perseguir al juez instructor. Se le acusa de prevaricación y sus colegas, afines al partido del imputado, le condenan y le apartan de la judicatura. Se procura dilatar el proceso al máximo para que la indignación ciudadana se diluya en el tiempo y el caso deje de ser de actualidad. Si finalmente, al cabo de los años, el imputado es condenado, se le indulta y se va a su casa a disfrutar de lo robado. Mientras tanto, Gobierno y oposición practican el “y tú más”, dicen que hay que tomar medidas y bla, bla, bla.
A raíz de los datos de la última encuesta del CIS que pronostican el vertiginoso ascenso de Podemos, andan nuestros próceres intentando asustar al personal de a pie con el terremoto y la hecatombe que sufrirían este país y sus habitantes si el tal Iglesias llegara a gobernar. Y se piensan que tales miedos conseguirán espantar la intención de voto hacia esa opción.
¡Ingenuos! Esos asustadores que viven bien instalados en sus sillones no han terminado de enterarse de que debajo de donde ellos disfrutan de todas las comodidades habitan millones de gentes que ya lo han perdido todo, incluida la esperanza de salir del agujero. A un padre de familia con más de 50 años, en el paro, intentando sobrevivir día a día a base de chapuzas y jornales sin contrato alguno; a un joven de 20 años sin más estudios que los obligatorios que ni aquí, ni fuera de aquí, tiene posibilidad de encontrar un trabajo digno; a la madre separada y con un par de hijos a la que niegan una beca de comedor para sus pequeños; al matrimonio de ancianos que amenazan con desahuciar y dejarlos en la calle con lo puesto... A esos quieren meterles miedo contándoles que si Podemos alcanza el poder va a nacionalizar los bancos y las compañías que distribuyen los servicios básicos o van a eliminar los conciertos en la sanidad y la educación. ¡Van listos!
Me viene a la memoria un reportaje en el que Marta Nebot preguntaba a los diputados cuántas llamadas de trabajo y cuántas personales hacían desde el teléfono pagado por el Congreso, pagado por todos. Ninguno pudo negar que hacían llamadas personales. Así que les pido que me expliquen cómo lo justifican al Congreso para que yo pueda hacer lo mismo con Hacienda, aunque aparentemente lo tengo más fácil porque mis facturas son por el importe mínimo contratado. ¿Facilidades a los jóvenes? ¿Apoyo a los emprendedores? No me hagan reír.

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