ECONOMÍA SOCIAL
Es posible en este mundo globa-lizado que un país sea gobernado por sus representantes demo-cráticamente elegidos y no por los mercados? Es necesario hacerse esta pregunta dado que países como Italia, Portugal, Irlanda, Grecia o la propia España están presenciando como las fluctuaciones de los mercados de deuda condicionan la estabilidad de sus gobiernos o el desarrollo de políticas públicas de primera necesidad. Los voraces mercados condicionan incluso la campaña electoral de nuestros vecinos franceses, donde los candidatos a presidir la República Francesa ven como sus expectativas evolucionan o disminuyen en función de los datos de la prima de riesgo.
En nuestro país, a la prima de riesgo no parece importarle quien gobierne, incluso se puede afirmar que es el dato fundamental sobre el que gira la política economica, al igual que a finales de la década de los 70 lo era el IPC. Pero todos sabemos que únicamente mejorará cuando aquellos que nos prestan el dinero nos consideren fiables y eso ocurrirá cuando España gaste el dinero público y el privado de manera eficiente, es decir favoreciendo el crecimiento económico y la competitivi-dad de las empresas, de tal manera que se produzca la tan ansiada creación de empleo. No es únicamente un problema de cuanto se debe, que lo es, sino de si podemos devolver lo que nos han prestado.¿De qué sirve no tener déficit y que seis millones de personas engrosen las listas del desempleo?, y si, además, para lograrlo hay que precarizar hasta el extremo los servicios públicos como la sanidad o la educación para pagar las prestaciones por desempleo o las pensiones, de poco servirá. Tampoco servirá generar déficit y volver a gastar el dinero en autopistas que van de ningún lado a ninguna parte, aeropuertos inútiles, palacios de congresos de autor, o trenes de alta velocidad que ahorran diez minutos y cuestan miles de millones. En estos momentos toca aplicar la sensatez e impulsar el crecimiento de las exportaciones y potenciar sectores como el turismo, en los que somos líderes mundiales, replantearse la política agraria y el desarrollo rural, facilitar la entrada de las nuevas tecnologías en sectores tradicionales y mejorar las competencias personales de los trabajadores.
En este contexto las reglas de juego del Banco Central Europeo deben cambiar, de lo contrario estaremos abocados a una economía propia de país colonizado. Sólo hay que hacer un poco de memoria y recordar como a principios de la pasada década el BCE mantuvo los tipos de interés bajos, lo cual no fue beneficioso para España, y esto im- pidió desinflar la burbuja inmobiliaria española de manera gradual, y por ende, facilitar cambios en modelo económico que diesen paso a una tercera revolución industrial basada en el conocimiento.
Ya a finales de la década, con una incipiente crisis, el BCE subió los tipos, en vez de bajarlos, argumentando una amenaza de la inflación, el cuento del lobo que nunca llega. Por último, cuando la crisis es global y casi terminal, el BCE baja los tipos a modo de 'favor', cuando ya no sirven de referencia ni a los particulares ni a las empresas en su relación con la banca.
Esta ha sido la misma política económica que ha mantenido un cambio euro/dólar muy poco favorable para la industria española y, como no, ha beneficiado los intereses de la economía alemana cuyas exportaciones en zona euro son muy significativas. La economía española necesitaría una devaluación del euro que lo mantuviera en niveles de paridad con el dólar, tanto para impulsar las exportaciones como para potenciar el sector turístico en base a la
afluencia de turistas no europeos. Esta devaluación facilitaría a su vez la entrada de las empresas españolas en el mercado latinoamericano, estratégico de por sí para España, pero excesivamente dolari-zado.
Si bien es cierto que la devaluación del euro traería consigo algunos efectos económicos no deseables, por ejemplo, subidas en el precio del combustible, serian compensables con una minoración de la carga impositiva de los hidrocarburos y una política energética más racional, y se podrían compensar los ingresos por la vía fiscal gracias a una mayor actividad económica.
Si se habla de favorecer la industria no solo se debe hablar de la tradicional, también de la industria del conocimiento, de las actividades empresariales que generen valor añadido en productos o servicios. El desarrollo sostenible de un país como España, y de una comunidad como Asturias, está sustentado en las pymes, en su mayoría empresas familiares o de economía social, que perduran en el tiempo, fijan población y que si cooperan, trabajan en red, e innovan podrán competir en mercados internacionales.
Por último decir que, el papel de los gobernantes no es menos importante. Los poderes públicos deben favorecer el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos empresariales que generen empleo y no únicamente buenos balances de empresas, eso ya lo hace la banca privada. Es necesario y exigible que los poderes políticos asuman riesgos y compromisos con las empresas locales para que adquieran dimensión, se internacionalicen e innoven y construyan una sociedad dinámica, competitiva y con futuro.
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