Soluciones ineficaces y doblemente injustas - La Voz de Asturias
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Resulta evidente que las soluciones adoptadas contra la crisis en los últimos años, y sin el menor consenso social, dañan gravemente a la población trabajadora, a la protección social vinculada al trabajo, al Estado de Bienestar y a la Igualdad de Género. Se trata de reformas carentes de sentido y eficacia para resolver los graves problemas con los que nos enfrentamos y especialmente perjudiciales para quienes se mantienen con mayores dificultades en el mercado de trabajo y con menos recursos, entre ellos, y de forma significativa, las mujeres.
Son reformas doblemente injustas, en primer lugar porque pretenden hacer pagar a todos los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica, y en segundo lugar porque afectan con mayor dureza a quienes peor situación tienen en el mercado de trabajo, las trabajadoras.
Así por ejemplo, la Ley de Dependencia ha sido una de las primeras afectadas por los primeros recortes. Dicha reforma implica una importante disminución de ingresos para las mujeres cuidadoras. Por otra parte la disminución del gasto social está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes se aplican a muchos de los servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los Institutos de la Mujer, los servicios de ayuda jurídica o los destinados a luchar contra la violencia de género.
Entre las medidas legales que se adoptaron a favor de la corresponsabilidad con la Ley de Igualdad, se encontraba el permiso de paternidad y su ampliación a cuatro semanas a partir del 2011. La política de recorte ha llevado a suspender dicha ampliación tanto en 2011 como en 2012, por lo que el fomento del reparto de los cuidados de los hijos entre mujeres y hombres queda también en suspenso.
Y qué decir de la Reforma Laboral, resulta evidente que la regulación del mercado de trabajo por sí misma no crea empleo. El empleo lo crean las necesidades de mano de obra y la situación económica en la que se vive en cada momento y en cada sociedad.
En un corto espacio de tiempo hemos asistido a dos reformas laborales consecutivas, cuyos objetivos fundamentales son conseguir una mayor flexibilidad de la regulación laboral, ampliando el poder de los empresarios en la gestión del trabajo, en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que supone un ataque directo a los derechos de conciliación, abaratar el despido, abaratar los costes laborales en la contratación precarizando al máximo algunas modalidades de contratos.
Las medidas de la reforma laboral adoptadas, no sirven para crear empleo, ni ayudan a cambiar el modelo productivo, no reducen la dualidad del mercado de trabajo, ni la temporalidad, no solo se abarata el despido, sino que además lo facilita, privatizar la gestión del desempleo abre la vía de la contratación de las ETTs en sectores peligrosos y al empleo público impidiendo y dificultando políticas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
El incremento de empleo estable de las mujeres, que en tiempos anteriores a la crisis, había tenido una tendencia positiva, sufrirá una regresión. Las nuevas formulas de contratación precarizan aun más el empleo de las mujeres. No abordan los problemas de inestabilidad temporalidad en nuestro mercado de trabajo. Al contrario, lo fomenta aun mas, no evitando el encadenamiento de contratos para cubrir un mismo puesto de trabajo, creando un nuevo contrato “indefinido” con altísimas cuotas de temporalidad, eliminando las limitaciones del contrato de formación o aprendizaje, desregularizando aun más el contrato a tiempo parcial y fomentando la contratación a tiempo parcial inicial por las innumerables ventajas por su “posible” conversión posterior en contratos indefinidos más baratos. Los destinatarios de estas formulas precarias de empleo son principalmente aquellas personas y colectivos que se encuentran en peor situación en el mercado y en especial mujeres.
Son reformas doblemente injustas, en primer lugar porque pretenden hacer pagar a todos los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica, y en segundo lugar porque afectan con mayor dureza a quienes peor situación tienen en el mercado de trabajo, las trabajadoras.
Así por ejemplo, la Ley de Dependencia ha sido una de las primeras afectadas por los primeros recortes. Dicha reforma implica una importante disminución de ingresos para las mujeres cuidadoras. Por otra parte la disminución del gasto social está perjudicando también de modo particular a las mujeres porque los recortes se aplican a muchos de los servicios específicamente destinados a cubrir necesidades o intereses femeninos como los Institutos de la Mujer, los servicios de ayuda jurídica o los destinados a luchar contra la violencia de género.
Entre las medidas legales que se adoptaron a favor de la corresponsabilidad con la Ley de Igualdad, se encontraba el permiso de paternidad y su ampliación a cuatro semanas a partir del 2011. La política de recorte ha llevado a suspender dicha ampliación tanto en 2011 como en 2012, por lo que el fomento del reparto de los cuidados de los hijos entre mujeres y hombres queda también en suspenso.
Y qué decir de la Reforma Laboral, resulta evidente que la regulación del mercado de trabajo por sí misma no crea empleo. El empleo lo crean las necesidades de mano de obra y la situación económica en la que se vive en cada momento y en cada sociedad.
En un corto espacio de tiempo hemos asistido a dos reformas laborales consecutivas, cuyos objetivos fundamentales son conseguir una mayor flexibilidad de la regulación laboral, ampliando el poder de los empresarios en la gestión del trabajo, en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que supone un ataque directo a los derechos de conciliación, abaratar el despido, abaratar los costes laborales en la contratación precarizando al máximo algunas modalidades de contratos.
Las medidas de la reforma laboral adoptadas, no sirven para crear empleo, ni ayudan a cambiar el modelo productivo, no reducen la dualidad del mercado de trabajo, ni la temporalidad, no solo se abarata el despido, sino que además lo facilita, privatizar la gestión del desempleo abre la vía de la contratación de las ETTs en sectores peligrosos y al empleo público impidiendo y dificultando políticas de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
El incremento de empleo estable de las mujeres, que en tiempos anteriores a la crisis, había tenido una tendencia positiva, sufrirá una regresión. Las nuevas formulas de contratación precarizan aun más el empleo de las mujeres. No abordan los problemas de inestabilidad temporalidad en nuestro mercado de trabajo. Al contrario, lo fomenta aun mas, no evitando el encadenamiento de contratos para cubrir un mismo puesto de trabajo, creando un nuevo contrato “indefinido” con altísimas cuotas de temporalidad, eliminando las limitaciones del contrato de formación o aprendizaje, desregularizando aun más el contrato a tiempo parcial y fomentando la contratación a tiempo parcial inicial por las innumerables ventajas por su “posible” conversión posterior en contratos indefinidos más baratos. Los destinatarios de estas formulas precarias de empleo son principalmente aquellas personas y colectivos que se encuentran en peor situación en el mercado y en especial mujeres.
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