1.- Hacer desde el Gobierno exactamente lo contrario de lo que se defiende estando en la oposición es un fraude a los electores, pero además ahonda en el desprestigio general de la política. Hasta el mismo debate de investidura, Mariano Rajoy aseguró que no subiría los impuestos, en coherencia con la máxima liberal de que “el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en manos del Estado”. Una de sus primeras medidas es subir el IRPF de forma “temporal y progresiva”. Incrementar los tramos más altos del impuesto sobre la renta no sería una mala idea si la economía no estuviera ya en recesión, como el propio Gobierno admite, o si la medida fuera acompañada de otras que graven las rentas del capital de manera efectiva, que reduzcan el agujero negro del fraude fiscal o las mil formas que usan las grandes fortunas de esquivar a Hacienda. Subir el IRPF sin más no sólo contradice por completo las promesas del PP, sino que además toma el camino fácil e injusto de castigar a los asalariados y a las clases medias, manteniendo como “intocables” a quienes menos han sufrido la crisis.
2.- Cebarse con las capas más débiles es lo que suponen otras medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, como la congelación del salario mínimo, la paralización de la Ley de Dependencia o la supresión de las ayudas para que los jóvenes alquilen una vivienda. De nuevo (como ocurrió en la última etapa del Gobierno socialista) los sacrificios afectan precisamente a quienes más dificultades atraviesan. Menos mal que se mantiene la prórroga semestral de las ayudas de 400 euros a parados que hayan agotado la prestación. Cortarla condenaría a la miseria absoluta a otros 125.000 ciudadanos.
3.- La congelación de los sueldos de los funcionarios significa en realidad otra reducción de los mismos, puesto que sube el IPC y también los impuestos. Además se les amplía por decreto la jornada laboral y se congela la tasa de reposición en las plazas de empleados públicos, todo lo cual equivale no sólo a exprimir más a los funcionarios sino que repercutirá directamente en un aumento del desempleo y en un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos. Adelgazar el Estado sí es coherente con los programas neoliberales, aunque basen las medidas en la falsedad de que el peso del sector público en España es muy superior al del resto de Europa. En realidad, el número de funcionarios, de médicos o de profesores en relación con el volumen de la población a la que sirven está por debajo de la media europea. Como lo está el gasto público por habitante.
4.- En este paquete de medidas no se advierte una política fiscal coherente, por injusta que fuera. Elevar el gravamen para el IRPF no parece consecuente con la pretensión de incentivar el consumo, algo básico para intentar recuperar la economía y el empleo. El propio PP puso el grito en el cielo y Esperanza Aguirre hasta recolectó firmas contra la subida del IVA (una medida que obviamente queda en la recámara para más adelante, puesto que los números no salen respecto al objetivo de reducción del déficit). Tampoco resulta coherente recuperar la desgravación para la compra de vivienda a la vez que se sube el Impuesto de Bienes Inmuebles. Fomentar que alguien adquiera una casa para luego freirlo a impuestos por vivir en ella es como invitar a alguien a comer y obligarle a pagar la cuenta.
5.- La base, justificación o excusa para un tijeretazo calificado como “inevitable” es la estimación de una desviación de dos puntos en el déficit público de 2011. Pasaría del 6% al 8%, diferencia que el Gobierno del PP achaca a la “herencia” recibida de los socialistas, al tiempo que reconoce que el grueso de tal desviación estaría en las comunidades autónomas. Como todo el mundo sabe, desde mayo es el PP quien gobierna en once autonomías. Rajoy calculó en el debate de investidura que cada punto de desviación del déficit supondría “10.000 millones más de ajuste”. A los 16.500 millones anunciados habría por tanto que sumar otros 20.000 para alcanzar el objetivo de déficit comprometido con la UE, con el BCE, con los mercados…
6.- Los recortes de derechos aprobados hoy son graves, pero aún lo es más el anuncio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: “es el inicio del inicio” de nuevos “ajustes”. Parece obvio que las medidas más “sangrientas” se guardan para después de las elecciones andaluzas, ya sea para incluirlas en los nuevos Presupuestos o por vía de decretazos amparados en la mayoría absoluta. Si tan claros están los cálculos sobre el déficit, ¿no es otro fraude aplazar las peores noticias con el fin de completar el casi total color azul del mapa de España?
Y 7. Aprobar medidas económicas de tal trascendencia (a las que habría que añadir otras como la reducción de subvenciones a la I+D+I o de los presupuestos de RTVE o RENFE, por no citar la decisión sobre la ubicación del cementerio de residuos nucleares en Cuenca o la eliminación del cánon digital) exigía la comparecencia del propio presidente Mariano Rajoy. Ha preferido escenificar el calado del asunto rodeando a la vicepresidenta de tres ministros. Pero si no consideraba hoy necesario dar la cara, mejor no imaginar para qué medidas reserva Rajoy su comparecencia directa.
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