El gran hachazo al bienestar

Sigue el dinero y averiguarás el motivo de por qué se están desmantelando los servicios públicos: son un gran negocio, sin burbujas financieras y con clientela asegurada. Si a esto unimos la doctrina del shock, tendremos el método a aplicar para conseguirlo.
Un experto ve “falta de prioridades” porque se hacen recortes a ciegas”

Al menos 15.000 millones se han evaporado de las cuentas para políticas sociales

¿Es solo crisis o también ideología?

La casa es bastante nueva, pero se agrieta. Mientras sus empobrecidos inquilinos sufren un deterioro creciente, el casero recorta el mantenimiento, sube la renta e incluso vende algunas partes del inmueble. Esa casa común es el Estado de bienestar español, la principal herramienta para la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Ahora padece el mayor hachazo de su corta historia. Al menos 14.885 millones de euros, equivalente al 1,5% del PIB, se han evaporado de las cuentas de las Administraciones central y autonómicas desde 2010 —y eso sin contar los presupuestos autonómicos de 2013 en sanidad, ni el recorte total en servicios sociales— según la estimación elaborada por EL PAÍS.

Desarrollado desde la Transición y ahora acogotado: las tijeras presupuestarias, afiladas con las reformas impuestas por la UE, rebajan, dificultan o encarecen el acceso a los beneficios sociales del Estado de bienestar. Es la crisis, sí, pero también la ideología, coinciden varios expertos que ven de trasfondo la batalla entre el modelo tradicional europeo de bienestar y el neoliberal.

Es el déficit público y el ahorro obligado para contenerlo, justifica el Gobierno, más afanado en cortar la hemorragia que en estudiar sus consecuencias. Ha apostado más por reducir el gasto, según algunos expertos, que por aumentar los ingresos, lo que reduce el peso del Estado.

Para los ciudadanos, con el bolsillo estrujado e inmersos en un mar de incertidumbre y eufemismos —al recorte se le llama ahorro, a la privatización, externalización—, crecen las dificultades. Al aumento del paro y las rebajas de los sueldos se añade una mala noticia tras otra: las ambulancias dejan de ser gratis, hay que pagar más por los medicamentos, la escuela pública pierde recursos, la universidad es más cara, los ancianos mueren esperando su ayuda por dependencia...

Las malas noticias se reciben sin interrupción al menos desde 2009

Las malas noticias llegan desde 2009, cuando el Gobierno socialista endureció de forma gradual el acceso a las pensiones públicas. Y han arreciado desde 2010. Desplome de los ingresos fiscales —sostenedores del Estado de bienestar—, paro, recesión y obligación imperiosa de cuadrar las cuentas impuesta por la UE y los mercados financieros son sumandos que están arrastrando el modelo de prestaciones universales e igualitarias.

La sanidad, con 7.395 millones de euros menos desde 2010 ha sufrido el mayor tajo. Le sigue la educación: 6.401 millones menos —incluido el presupuesto total del año que viene—.

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“Si se necesita cortar, hay que hacerlo, el problema está en por dónde se corta”, afirma uno de los grandes estudiosos a nivel global del Estado de bienestar, el danés Gosta Esping-Andersen. Y en ese terreno España, con una situación “brutal”, suspende. “Es preocupante la falta de una estrategia de prioridades. Me da la impresión de que los recortes se hacen a ciegas, sin pensar en las consecuencias a medio plazo”, advierte el analista nórdico, profesor en la Universidad Pompeu Fabra. “No ha habido tiempo para reflexionar. Los objetivos de déficit marcados por la UE han obligado a tomar medidas rápidas”, admite el director general del Imserso, César Antón, experto del PP en bienestar social.

“En Escandinavia, lo último que se tocaría es la educación infantil y primaria. No se ve como un gasto, sino como una inversión. En España es al contrario: es un área con un recorte brutal que pagan los niños con dificultades en términos de igualdad de oportunidades”, puntualiza el experto nórdico, profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Abundan los botones de muestra: el Gobierno ha frenado en seco la financiación para las nuevas escuelas infantiles y va a cancelar los planes contra el abandono escolar o las clases de refuerzo. A estos recortes se suman otros mucho más relevantes, los de las comunidades autónomas. Los tijeretazos afectan a todo el entramado: menos profesores y más alumnos, ayudas de libros o de comedor en picado, tasas universitarias encarecidas hasta en 500 euros.

La sanidad perdió 7.400 millones; la educación, otros 6.400 millones

“En todos los niveles educativos, la igualdad de oportunidades se está desmantelando con el apoyo a la enseñanza concertada como hilo conductor. El ministro [de Educación, José Ignacio] Wert, se ha plegado a los planteamientos de la Iglesia. Se aumentan las tasas y se liquidan los recursos en la educación básica”, asegura Juan José González Rodríguez, profesor de la UNED experto en Estado de bienestar. “Los recortes se cargan la calidad de la enseñanza pública y con esa excusa se favorecen los conciertos privados”, añade Manuel de la Rocha Vázquez, del colectivo progresista Economistas frente a la crisis. Y luego, están las distintas políticas autonómicas. En Madrid, con gobernantes liberales, existen, por ejemplo, exenciones fiscales para ir a centros privados. “Benefician a los más pudientes. Suponen unos 65 o 70 millones de euros”, añade.

Es la educación, sí, pero también es la sanidad.“Los recortes del gasto público en salud trasladan servicios al sector privado. El riesgo a medio plazo es un deterioro del servicio público y un reforzamiento del dualismo del sistema, con un éxodo de las clases pudientes a la sanidad privada”, advierte Esping-Andersen. Y una estigmatización creciente de lo público, añade González Rodríguez. “En sanidad, se introducen mecanismos de mercado para abrir paso al sector privado con el argumento de que la sanidad pública es menos eficiente, lo que no está probado. Hay que hacer mejoras en su eficiencia, pero no es necesario privatizarla”, plantea De la Rocha.

Los recortes también cercenan derechos, incrementan los pagos —los jubilados han perdido la gratuidad de los medicamentos y ha subido el copago— y se acaba con la universalidad de la atención: desde mediados de este año el derecho a la sanidad pública está vinculado a la condición de cotizante o beneficiario de la Seguridad Social. “Es bastante preocupante este recorte que afecta sobre todo a los inmigrantes no documentados. Supone un ahorro absurdo, pero tiene un impacto potencial muy fuerte. Torpedear esto es torpedear uno de los mejores elementos de protección social en España: la universalidad de un sistema sanitario eficiente, de coste limitado y calidad muy alta que incluso era modelo para Escandinavia”, añade Esping-Andersen.

A los tajos en los tres pilares clásicos del Estado de bienestar se suman los que padece el cuarto, los servicios sociales, con la ley de dependencia implantada hace apenas un lustro y a la que se han recortado al menos 1.089 millones, según el cómputo de EL PAÍS. Se ha rebajado la prestación a las familias, eliminado la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y la atención no cubre la demanda: 773.000 personas reciben prestación y 233.000 con derecho a ella la esperan.

Un experto ve “falta de prioridades” porque se hacen recortes a ciegas”

“Es el gran reto de nuestro Estado de bienestar, pero es el principal pagano. Los recortes han paralizado la atención”, afirma Luis Moreno, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Antes, tampoco fue viento en popa. “Algunas comunidades autónomas del PP hicieron de su capa un sayo y la atención a la dependencia no es lo que tenía que ser. Eso ha facilitado las cosas al Gobierno central”, asegura González Rodríguez.

Las comunidades gestionan todos los pilares salvo pensiones y desempleo y existen recortes asimétricos. A la pésima situación de sus arcas se suman los distintos planteamientos ideológicos de sus gobernantes hasta cuando son del mismo partido: el PP no es monolítico “Abarca desde el centro hasta la extrema derecha pasando por los neoliberales y los cristianodemócratas”, define Moreno.

Y aparecen extraños aliados: en el euro por receta, convergentes catalanes y populares madrileños se dan la mano, pese a las llamadas al orden a ambos desde el Gobierno central. “Las comunidades suelen tender a la emulación entre ellas, para lo bueno y lo malo”, destaca Moreno. En privatizaciones dos marcan la pauta, según los expertos: Madrid y la Comunidad Valenciana. Pero esa es, también, una vía que maneja el Gobierno central y a la que se refiere como “colaboración público-privada”.

“Queremos hacer sostenible y viable el Estado de bienestar, pero tenemos que adaptarnos a la situación económica. Eso ha obligado a hacer adaptaciones presupuestarias, a incrementar la aportación de los usuarios en función de su capacidad, a introducir medidas de eficiencia y eficacia y a buscar alternativas como la colaboración público-privada”, describe Antón. “En Sanidad esa concertación se ha hecho en todas las comunidades, y está prevista en la legislación”, puntualiza. El argumento de que lo privado abarata se inscribe en el cambio que dibuja el PP: pasar “del Estado de bienestar a la sociedad de bienestar”. El primero, garante de los derechos, responsable de los servicios, “pero no tiene que ser el proveedor único”, afirma el director general. Una melodía que suena bien en FAES, la fundación del PP que preside José María Aznar. Uno de sus colaboradores, Mauricio Rojas, exdiputado liberal sueco de origen chileno, es contundente. “El Estado de bienestar está quebrado en España, como lo estuvo en Suecia hace 20 años”. Propone la misma receta que allí: “Recortar y crear competencia a través de una mayor competencia público-privada, de forma que el más eficiente preste el servicio”. Pero echa en falta algo que sí hubo en el país nórdico, “un gran consenso social” para acometer la reforma.

“Nos han obligado a tomar medidas rápidas”, dice el director del Imserso

El cambio de paradigma está a la vuelta de la esquina. “Vamos hacia un modelo de una mayor desigualdad, gestionado por un Estado asistencial que sobrecarga a la familia y que hace al individuo responsable último de los riesgos de su existencia”, advierte Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá. Está convencido de que los recortes pueden causar un deterioro “irreversible” de los servicios.

Otro catedrático experto en políticas públicas, Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, también es pesimista. Plantea que con los tajos presupuestarios “se están desmantelando” los servicios del Estado de bienestar mientras crece el sector privado. Y hay quien se beneficia de la situación: “El capital financiero” y los sectores sociales “con rentas altas”. “La privatización de la sanidad y de la educación, por ejemplo, reproduce la polarización social en España, en detrimento de la mayoría de la ciudadanía que utiliza los servicios públicos”, sostiene Navarro. “Vamos a un modelo bipolar sumamente desigual y muy ineficiente”, añade.

Como otros, Navarro niega el argumento recurrente para los recortes, eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”.

"Son eufemismos que enmascaran la realidad, eslóganes que forman parte del éxito ideológico neoliberal”, asegura Rodríguez Cabrero. “No es creíble que no podemos sostener un Estado de bienestar que está claramente subfinanciado. Estamos a la cola de la Europa social”, añade Navarro. Tira de números: “España se gasta mucho menos de lo que debería y podría. El PIB per cápita ya es el 94% del promedio de los países de la UE-15, el grupo de los más ricos. En cambio, el gasto público social por habitante es solo el 72% del promedio”.

Esos argumentos no frenan las manos que mueven las tijeras. Aunque las ONG adviertan de que se tardará 20 años en recuperar lo perdido y de la creciente brecha entre ricos y pobres.

Pobres todos; El tobogán se acelera.

Cada vez son más. Una muchedumbre silenciosa y a menudo inadvertida. Son las víctimas de la pobreza. Crece en una crisis sin fondo y se instala en una normalidad quebradiza. El paro, que ya lacera a 5,6 millones de personas, es un filo que se estrecha. Las facturas siguen, los subsidios se recortan; se agotan al igual que los ahorros, y el empleo no aparece. El techo peligra. O desaparece.

La casa de los familiares y los pisos compartidos —la calle en el peor de los casos— cobijan las vidas en la estacada, suspendidas en una precariedad que se extiende sin freno y que, si faltan redes de apoyo, como la familia, conduce a la exclusión social. La bajada es cada vez más acelerada, dicen los expertos, un tobogán cuyo descenso gana velocidad y al que se asoma un número creciente de personas. Hay albergues con lista de espera.

España 2012. Más de 5,6 millones de empleos y decenas de miles de techos arrasados por el huracán de la crisis. Más de 300.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas en los últimos cinco años, muchas de las cuales han derivado en desahucios —más de 100.000— a los que se suman los motivados por el impago de alquiler. Como el de Juan, el de Carmen... Los números tienen caras detrás y un detonante común: la pérdida de ingresos, el comienzo del tobogán.

“Las torres más altas pueden caer al piso”. Esa es una de las cosas que Carmen ha aprendido en los últimos tiempos. Esta mujer de 40 años era hasta hace uno y medio una empresaria de éxito. En 2005, recién llegada a España desde Estados Unidos, creó con su marido una firma de montajes eléctricos. Hasta 16 empleados llegaron a tener, relata. Tan bien iban las cosas que lograron comprarse un piso en un barrio caro de Madrid, Chamberí. Ahora la mujer almuerza cada día en un comedor social a tiro de piedra del piso que tuvo.

“Paró todo de la noche a la mañana”, reflexiona esta mujer que pide aparecer con otro nombre. La crisis de la construcción se llevó por delante su negocio. Dejó de haber cables que poner en casas o centros comerciales flamantes. “Tuvimos que despedir a los empleados, que eran como de la familia. Les dimos lo que les correspondía y un poco más. Dejamos al día las cuentas con Hacienda, con la Seguridad Social. Quedamos limpio con todos...”. Y sin un euro en el bolsillo.

Más de 5,6 millones de empleos y decenas de miles de techos han sido arrasados por la crisis

Adiós a los tiempos boyantes, cuando amortizaban la hipoteca con reembolsos anticipados y vertiginosos. “En cuatro años habíamos logrado pagar 29 de los 30 años del préstamo”, relata Carmen a la entrada del comedor. Hasta que llegó el hachazo, en marzo pasado: “Nos quedaba un año por pagar, pero el banco se quedó con el piso”, explica Carmen, de origen uruguayo.

La crisis se llevó la empresa, el piso, el bienestar, pero el zarpazo no paró ahí. El hijo de Carmen está ahora en un centro de menores: “Robó para intentar ayudarnos”. El marido sobrevive en una granja, “ordeñando vacas”. Y Carmen duerme en uno de los pocos albergues que en Madrid admiten a mujeres —disponen de un cuarto de las 1.200 plazas, según el Ayuntamiento—. “Al principio crees que te vas a volver loca”, dice esta mujer que sueña con abandonar España para volver a empezar lejos con su familia. “Lo más duro de perder el nivel de vida es no tener un lugar propio, aunque fuera una habitación”, asegura. Así evitaría tener que pasar el día en la calle: el albergue cierra desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. “En mi situación se sufre mucho, pero se aprende mucho. La gente no debe olvidar que, por muy arriba que esté, se puede caer muy abajo. Todos somos seres humanos y esto le puede tocar a cualquiera”, recapitula.

Cualquiera puede ser Juan. Este madrileño de 38 años se ha instalado en un soportal de Chamberí. Su título de Formación Profesional de segundo grado no le sirve para encontrar un trabajo desde que lo perdió en 2008, cuando se encargaba de tareas técnicas en una fábrica de ladrillos. Cobró el paro hasta que se acabó. Luego fallaron las chapuzas. En 2010 perdió el piso que pagaba al banco y se instaló en el asfalto. “No hay albergues suficientes.

Me dicen que me vaya con mi hermano a su casa, pero está hasta el cuello. Va a tener que vender el camión y tiene dos hijos”, explica. Así que él sigue en la calle mientras “tres millones de pisos están vacíos”. Sí, pero la vivienda social escasea, tal como denuncia desde Cáritas España la experta Sonia Olea.

Juan comparte soportal con compañeros como Yésica y Anastasio, ella española de origen argentino, de 28 años; él, griego, de 38. Vinieron en agosto pasado, cuando desesperaron de encontrar empleo en tierras helenas. Traían una oferta de trabajo que resultó no ser tal. Cuando acabaron los ahorros solo quedó la intemperie. Cada día van por turnos —hay que vigilar los enseres— a la biblioteca pública. En los ordenadores, envían currículos y buscan trabajo. “Mando 300 y, con suerte, recibo una respuesta”, detalla Yésica. También cargan allí el móvil: hay que tenerlo listo por si, a través de la llamada, llega la esperanza. Una esperanza que “cada día se pierde más”. Cada día es igual que el anterior, sin futuro. Aunque muchos pobres lleven móvil y se manejen con Internet incluso en los albergues.

Los nuevos pobres se suman
a los veteranos porque ni siquiera
en los tiempos de bonanza
España erradicó la pobreza

Con esas dos armas se enfrenta también un hispanoperuano que elige el alias de Bersix para hablar en el albergue San Martín de Porres, en un barrio del extrarradio madrileño. Desde que perdió el empleo pone anuncios para hacer chapuzas, esas que le salvaron un tiempo. “Cayeron las chapuzas y caí yo”, dice este universitario de 50 años que trata de aprender sueco para emigrar. Como él, en este albergue —con “tres meses de lista de espera” para poder pernoctar en él, según su director, Francisco Rodríguez— el 12% de los acogidos tienen estudios universitarios. Antes de la crisis eran “el 3% o el 4%”, recuerda el director. Y aumenta la proporción de españoles; ya son la mitad. “La gente que viene no está deteriorada. Son hombres de clase media y media baja, preparados para trabajar y que se han quedado sin empleo”, describe Rodríguez. Pero el trabajo, el bálsamo de Fierabrás, no llega. Y la pobreza crece y se cronifica.

“Cada vez hay más gente pasándolas moradas. Si esta crisis aguda dura mucho, las consecuencias pueden ser irreversibles, sobre todo para la gente joven. Una generación se queda fuera”, advierte Pedro Cabrera, experto en pobreza y estructura social en la Universidad de Comillas. Hace un diagnóstico “terrible” de la situación: “Tenemos una fiscalidad regresiva, por austeridad se recortan los servicios sociales, que no estaban medianamente dotados, y encima el mercado de trabajo no da respuesta a millones de personas”.

Así las cosas, los nuevos pobres se suman a los veteranos, porque ni siquiera en los tiempos de bonanza España erradicó la pobreza, que no es monopolio de marginados, aunque genere una enorme exclusión social. “Nunca llegó a bajar del 20% la proporción de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza [perciben menos del 60% de la renta mediana]. Ahora estamos en el 23%”, afirma Cabrera. El paro no es la fuente única de esta situación: también lo son los bajos salarios, que crean trabajadores pobres, matiza. “De cada 100 empleados, 14 son pobres. Es algo que ya ocurría antes de la crisis, pero el fenómeno se ha expandido al sector servicios [el que ofrece más empleo]”. Además, el recorte de las políticas sociales reduce la posibilidad de atenuar los efectos del deterioro económico en los ciudadanos desfavorecidos. “Se ha pasado del silencio de las Administraciones ante las situaciones de vulnerabilidad social al ‘no tenemos dinero”, denuncia Sonia Olea, responsable del programa de vivienda y personas sin hogar de Cáritas España.

Lavinia Mingu y su vecina española en la cola para recoger alimentos en Chamberí lo saben bien. A la primera, que empuja el cochecito de su bebé y está separada con dos niñas, le acaban de denegar la guardería pública para la pequeña. “¿Cómo podré tener trabajo si no tengo dónde dejar a la cría?”, se pregunta. La escasez de servicios públicos es otra dificultad más para salir de la pobreza para esta mujer que carece de subsidios pero no de arrojo. En parecida situación está su compañera, que pide anonimato y tiene tres hijos a su cargo. Ha trabajado en supermercados, aunque desde hace dos años no encuentra dónde. “Intento apañarme, pero es imposible”, dice. Las dos luchan por mantener sus casas, pero sobre ellas pende la amenaza del desahucio por impago. También sobre el de otra española igualmente treintañera en esta fila abundante en carritos de la compra para transportar la comida a casa y de cochecitos de bebé. Tiene dos hijos a su cargo y un empleo de limpiadora tres horas diarias. “No me llega para el alquiler y los gastos de casa. Estoy completamente sola y tan deprimida que a veces no quiero subir a casa”. Hay, también, quien evita dar detalles en este lugar, sobre todo aquellos que acaban de pisarlo por primera vez y son incapaces de superar el sentimiento de vergüenza.

“El tobogán que lleva de ser alguien a no ser nada, a sentirse mobiliario urbano, cada vez es más corto, más rápido”, afirma Olea, experta de Cáritas. Con todo, en esta crisis, como en las anteriores, el colchón familiar es la protección más fuerte. “En muchos casos, quienes soportan la situación son los abuelos”, describe. Abuelos que acogen a hijos y nietos en casa, que tratan de cubrir también las necesidades ajenas con sus propios ingresos.

Españoles e inmigrantes empobrecidos acuden en masa a los servicios de atención de emergencia

Como la madre de Gregorio, un ferrallista “en paro desde hace tres años y sin cobrar desde hace uno”. “Con los 270 euros de pensión de mi madre tenemos que vivir y ayudar a mis sobrinos, de 16 y 11 años”, relata antes de echar cuentas. “Tengo 48 años y empecé a trabajar a los 14. Tenía mi coche, iba al gimnasio. Tenía una vida normal, como cualquier ser humano. Quedarme sin empleo fue un corte radical”.

Gregorio tuvo que acabar por acudir a un comedor social de su barrio de siempre, Vallecas, donde echa una mano a las monjas de la Obra Social Santa María Josefa que lo gestionan. Organiza el acceso y ve cómo se alinean las bolsas con tarteras mientras sus dueños buscan la sombra. Antes de abrir, ya hay más de 40. Las religiosas ofrecen 600 raciones diarias, el doble que hace un año.

Españoles e inmigrantes empobrecidos acuden en masa a los servicios de atención de emergencia, como el reparto de alimentos, los comedores o la ayuda puntual para el pago de alguna factura. La red social y estas ayudas, especialmente de Cáritas y Cruz Roja, registran una demanda creciente. Son claves para intentar evitar la caída definitiva por el tobogán que acaba en la gran exclusión, un descenso impulsado por la pérdida de vivienda. “O pagan el piso, o comen”, describe la hermana Josefina, que regenta el comedor donde echa una mano Gregorio.

“No es que la gente pierda el empleo, deje de pagar la hipoteca o el alquiler y se vea a continuación en la calle, aunque hay casos, pero lo determinante para eso es que se sumen otros factores añadidos, la mochila que tiene cada uno”, dice Olea. Enumera elementos de ese petate: escasa formación, empleo previo poco cualificado, problemas de adicciones o salud mental (en el 60% de los casos), baja autoestima, pobreza o falta de red familiar y social. Este último, el gran colchón, “es cada vez menos mullido”, sobre todo por el individualismo y la falta de convivencia vecinal en las grandes ciudades, pero es aún un gran colchón, apunta Olea.

Pero el perfil de pobre ha cambiado respecto a las crisis anteriores. El título universitario ha dejado de ser un gran escudo y en un país de hipotecados, los ciudadanos tratan de mantener la vivienda a toda costa. Perderla es el último peldaño en una caída para la que muchos carecen red